El ministro de Justicia designado por Bush se compromete a que EE UU cumpla la ley internacional

Alberto Gonzales, el hombre elegido por George W. Bush para encabezar el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante su segundo mandato, ha rendido cuentas hoy ante el Senado por la postura que mantuvo como asesor legal del presidente en años anteriores, cargo en el que calificó como "obsoleta" la Convención de Ginebra en lo que se refiere a la protección de los prisioneros de guerra. Ante la Cámara Alta, Gonzales ha negado hoy haber dicho tal cosa, y ha afirmado: "Estoy y estaré comprometido con que Estados Unidos cumpla sus obligaciones legales".

Gonzales, de 49 años, es el primero de los elegidos por Bush para conformar su nuevo Gobierno al que examina el Congreso antes de su toma de posesión, prevista para enero. Ante el Comité Judicial del Senado, el futuro fiscal general (un cargo con atribuciones similares al ministro de Justicia en España) ha encajado las críticas de la oposición demócrata por sus posturas en el pasado, pero se ha querido desmarcar de ellas con afirmaciones como: "No creo que la Convención [de Ginebra] sea obsoleta", o "a mí también me preocuparon mucho y me ofendieron los informes de abusos en Abu Ghraib".

El pasado mes de junio se desclasificaron los informes en los que se había basado la política del Gobierno sobre el trato a los detenidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una política que se saltó las prohibiciones sobre tortura contempladas en las leyes de EE UU y en los tratados internacionales debido a la "completa autoridad presidencial en la dirección de la guerra". En su calidad de asesor jurídico de la Casa Blanca, Gonzales escribió en febrero de 2002 a Bush: "Como ya ha expresado usted, la guerra contra el terrorismo es un nuevo tipo de guerra" en la que se "valora de manera extraordinaria factores como la capacidad de conseguir rápidamente información de los terroristas detenidos y de sus patrocinadores para evitar nuevas atrocidades contra ciudadanos estadounidenses".

"A mi juicio, este nuevo paradigma convierte en obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra sobre los interrogatorios a los prisioneros enemigos y convierte en marginales algunas de sus disposiciones", concluía Gonzales. La Casa Blanca ha confirmado hoy que no divulgará más documentos sobre la participación de Gonzales en la elaboración de documentos jurídicos para justificar el uso de torturas en los interrogatorios a prisioneros capturados en Afganistán e Irak.