El abogado de Bush

George W. Bush le llama "mi abogado". Así, en castellano y con acento tejano. Si el Senado le confirma en el cargo -lo que sucederá con bastante probabilidad debido a la revalidada mayoría republicana en la Cámara alta y a las tímidas reservas demócratas-, Alberto R. Gonzales, de 49 años, se convertirá en el primer responsable de Justicia hispano. Aunque el presidente no aludió a su origen durante la presentación del nuevo procurador general el pasado miércoles, 24 horas después de que el polémico John Ashcroft renunciase al cargo. Sí hizo referencia Bush a la dura infancia de Gonzales.

Nacido en San Antonio (Tejas), hijo de inmigrantes mexicanos, padre alcohólico, trabajador de la construcción, y madre ama de casa, Alberto R. Gonzales -la Casa Blanca no facilita qué nombre se esconde detrás de la "R" a petición del interesado- a los 12 años vendía refrescos a los estudiantes en el campo de fútbol americano de la Universidad de Rice, en Houston. Soñaba que algún día estaría entre esos estudiantes, como él mismo confesó hace poco, y lo logró. Primero a la soñada Rice y luego a Harvard.

Un tejano de padres mexicanos que cree que la Convención de Ginebra es obsoleta

Desde una casa de dos habitaciones compartida con padres y otros siete hermanos -ninguno de los cuales fue a la universidad ni ha salido de Tejas- llegó a ser consejero del presidente Bush en la Casa Blanca. Ahora dejará este último cargo y, a partir de enero, Gonzales desempeñará uno de los trabajos más visibles y con más influencia del mundo político de Washington.

Al Gonzales no deja frío a nadie. Los republicanos más conservadores le miran con reservas; no en vano, defendió cuando fue juez del Supremo estatal de Tejas el derecho de una adolescente a abortar sin tener el consentimiento de sus padres. También apoyó con resolución la discriminación positiva en las admisiones a la universidad. Los republicanos aplauden su nombramiento porque temían algo peor: que acabara en el Tribunal Supremo.

Cualquiera menos Ashcroft, piensan los demócratas. Pero aun así no dejan de ver en Gonzales al hombre que ayudó a escribir la Patriot Act o al asesor de Bush que durante la época en que este último era gobernador de Tejas -el hoy presidente respaldó más de 150 sentencias de muerte- redactó informes sobre peticiones de clemencia de condenados a la pena capital que ignoraban pruebas que evidenciaban que algunos convictos eran inocentes o habían tenido una mala defensa.

Pero Gonzales se enfrenta a algo más que a su pasado en Tejas. Tendrá que responder por la elaboración mientras era consejero de Bush de la política que definió el trato que había que dar a los prisioneros de guerra tras los ataques del 11-S. Gonzales deberá defenderse en el Senado de haber escrito uno de los informes en los que se defiende que la Convención de Ginebra no es aplicable a los detenidos sospechosos de terrorismo.

En febrero de 2002, Gonzales justificó ante Bush que "la guerra contra el terrorismo es un nuevo tipo de guerra" en la que se "valora la rápida obtención de información para evitar nuevas atrocidades", y que la Convención de Ginebra se había quedado "obsoleta". En opinión de los grupos de defensa de los derechos humanos, fue a partir de ahí cuando se pavimentó el camino hacia los abusos y las torturas en Abu Ghraib.

La lealtad de Gonzales al presidente no tiene fisuras. Tras su nombramiento, agradeció a Bush "la extraordinaria oportunidad" de servir a su país.