¿Conflicto concluido?

El largo recorrido que ha tenido la disputa acerca de los llamados papeles de Salamanca lleva a preguntarse si el dictamen de la comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Cultura liquidará la cuestión de forma definitiva. La parquedad y la imprecisión de las noticias obliga a la prudencia, pero un primer dato que debiera ser tenido muy en cuenta es que la larga duración, la aspereza y la incapacidad para concebir siquiera una solución de concordia a corto plazo han envenenado una disputa que hubiera sido conducible en términos de mayor racionalidad. De que ello no haya sido así son responsables principales dos mujeres, ministras de Cultura bajo los gobiernos del PP, Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo. Ellas simularon querer dar satisfacción a unas demandas muy legítimas por el procedimiento de convocar expertos y prometer la conversión de lo que era una entidad archivística no tan relevante en otra que podía llegar a serlo. En la práctica engañaron a los que habían convocado o a quienes pedían algo muy defendible y fueron un brillante testimonio de ineptitud. También de falta de perspicacia: el presidente Pujol le dijo a la segunda que cuando hubieran abandonado su puesto la cuestión volvería a replantearse. Así ha sido: que conste para el curriculum de ambas.

La decisión de los expertos convocados por el Ministerio de Cultura resulta lógica, indisputable y coincidente con todas las que a lo largo de años han venido dándose. Es obvio que un archivo nacido del saqueo de instituciones públicas preexistentes o de particulares y asociaciones, con fines, además, de carácter represivo, no es sostenible en la actualidad. Más bien es una ofensa para todos. Pero ahora mismo la solución propuesta no deja de crear dudas. Imaginemos lo que podría haber sucedido en otro tiempo, hace ya muchos años. Una cesión en depósito de los documentos de la Generalitat por parte de Cultura podría haber resuelto la demanda más apremiante, nacida de una institución no creada de nueva planta sino restaurada (la única heredera de la legitimidad republicana). Una declaración de que, en efecto, los documentos tienen el origen descrito y una petición de conservarlos juntos, con la anuencia de los antiguos propietarios, como símbolo de reconciliación, hubiera podido evitar el desmantelamiento del Archivo. Ésta es la cuestión que se plantea hoy en día y tiene poco de satisfactoria para los altos intereses culturales. Imaginemos el caso de los papeles de Martínez Barrio, allí depositados: sus herederos pueden demandarlos y pedir que se integren en un archivo andaluz o subastarlos. Centenares de ayuntamientos o de sindicatos pueden exigir su documentación y, con ello, disminuir la accesibilidad a los investigadores o sus condiciones de conservación. ¿Qué tiene que ver todo eso con unos intereses culturales que debieran primar siempre? La obcecación de las autoridades castellanas ha venido en resultar suicida.

Tenemos en el horizonte la posibilidad de una larga serie de conflictos, incluso de naturaleza judicial, que pueden envenenar aún más las relaciones entre los españoles. Por eso, ahora mismo lo que hace falta es cambiar el ambiente en que hasta el momento se ha desarrollado la controversia. Convendría, sobre todo, que las autoridades castellanas abandonaran esa actitud granítica y absurda. Salamanca puede ser un verdadero gran archivo de la Guerra Civil si se le dan medios, documentación e infraestructuras adecuadas. Puede también ser un Museo como los muchos otros existentes en el mundo relativos a una cuestión tan central en nuestra Historia. Todo ello es posible si se siguen las recomendaciones de la propia comisión de expertos. Pero es necesario mucho tacto y mucha dedicación por parte del Ministerio de Cultura, es decir, aquello que no ha existido en los últimos ocho años. De lo contrario, vamos a alimentar un conflicto permanente entre nacionalismo catalán y españolismo castellano-céntrico. La devolución de los papeles a la Generalitat no debe ser considerado un "regalo de Navidad" sino un punto de partida para un ejercicio de reconciliación alcanzable con tenacidad y desarme de beligerancias.

Javier Tusell es historiador y fue miembro de la comisión de expertos creada en 1996 que informó sobre la creación del Archivo de la Guerra Civil.