Baja el telón

La comisión de investigación sobre el 11-M echó ayer el telón sobre el capítulo de comparecencias, salvo que en el periodo de elaboración de conclusiones, que se prolongará hasta el 28 de febrero, se acuerde alguna citación excepcional. Sólo el PP se opuso al cierre de esta primera fase y solicitó la convocatoria de una treintena de personas más, entre ellos varios confidentes, mandos y agentes de la Guardia Civil en Asturias, así como la responsable de la Oficina de Atención a las Víctimas, después de que el juez encargado del caso haya hablado de descoordinación en la ayuda.

El cierre de la comisión no es un carpetazo, ni debería entenderse como un deseo de impedir el esclarecimiento de los hechos. Ningún grupo político puede arrogarse en exclusiva la búsqueda de la verdad y, aún menos, el esfuerzo por impedir nuevos atentados terroristas. No se ha excluido la posibilidad de pedir nuevas comparecencias, pero los comisionados tienen que asumir que su cometido es depurar responsabilidades políticas y elaborar conclusiones para hacer frente al terrorismo. La asignación de responsabilidades penales individualizadas corresponde al juez. Tras la detención de Hassan el Haski como otro de los presuntos cerebros intelectuales de la barbarie, Del Olmo ha señalado en un auto que el ataque fue "una reacción" a la participación de España en la guerra de Irak. Y para ello se basa no sólo en un informe policial, sino en los interrogatorios practicados a los detenidos. Más de uno debería reflexionar al respecto.

La comisión nació a petición del PP y sus labores han recibido no pocas críticas, entre ellas la de la representante de la asociación de afectados, Pilar Manjón, quien acusó a los grupos políticos de utilizarla con fines partidistas. Pese a todo, ha arrojado bastante luz sobre la imprevisión y, sobre todo, la disparatada descoordinación entre las fuerzas de seguridad.

Ahora queda lo más difícil: recoger en unas conclusiones sólidas y consensuadas los numerosos testimonios y los documentos aportados. Lo ideal hubiera sido que se presentaran en un bloque único. Lamentablemente, no será posible. Los comisionados presentarán un primer paquete de recomendaciones operativas y otro de conclusiones políticas, con la idea de que su misión haya concluido no más tarde del próximo 11 de marzo, primer aniversario de la masacre. La tarea exigirá solidaridad, persuasión, amplitud de miras e inteligencia. Porque al fin y al cabo, el enemigo es común y la amenaza sigue ahí, como demuestra la decisión del Gobierno de activar hasta el próximo 8 de enero un plan especial para impedir atentados y la detención ayer mismo de otras tres personas ligadas a la red del terrorismo islamista.