El Gobierno presta 15 millones para cerrar el déficit de la UPV

La UPV y el Departamento de Educación escenificaron ayer en Vitoria el comienzo de una nueva etapa en las hasta hace no mucho tempestuosas relaciones entre ambas instituciones. A tenor de lo afirmado y lo acordado por el rector Juan Ignacio Pérez y la consejera Anjeles Iztueta, la "corresponsabilidad" ha sustituido a la "confrontación" como palabra clave.

La primera materialización de este cambio ha quedado reflejada en el arreglo del sustancioso déficit acumulado de la universidad pública, cifrado por el nuevo equipo en 20,7 millones de euros. El Gobierno vasco entregará para el fin de este desfase una cantidad de 15,4 millones, pero no como subvención, sino como prestamo, y con un interés que fijará el propio Ejecutivo autónomo.

Así, la UPV deberá devolver este montante en un plazo de 15 años. Los 5,4 millones restantes para saldar la deuda, correspondientes al ejercicio de 2001, saldrán de las propias arcas de la universidad, ya que el Gobierno vasco rechazó asumir este desequilibrio en diciembre de 2002, entonces en pleno enfrentamiento con el equipo del anterior rector, Manuel Montero.

El pago de ambos elementos deberá realizarse a cargo de los ingresos propios, es decir, los obtenidos por tasas y servicios a terceros, que en la actualidad suponen sólo el 15% del presupuesto anual. Juan Ignacio Pérez recalcó que la UPV está en condiciones de asumir el coste.Pérez insistió en que el cumplimiento de lo pactado entre la UPV y el Gobierno es factible. "Son condiciones asumibles para la UPV", aseguró. Con estas medidas, el rector dio por solventada la cuestión del desfase financiero y resaltó que la universidad ha conseguido zafarse de "una verdadera losa" para su funcionamiento.

También en el polémico asunto de los complementos retributivos del profesorado, fuente de buena parte del déficit, económico y de relaciones institucionales, que arrastra la universidad pública, la UPV deberá ser algo más que una mera receptora. Entre un 10-15% correrá a cargo de sus propios ingresos, tal y como recoge uno de los principios que guiará la elaboración de un borrador, previsto para enero, de la norma con la que se regulará al fin una iniciativa en la que se han catalizado la mayoría de enfrentamientos y roces de unos y otros. En él se reflejarán dos novedades de relevancia. Por un lado, el Ejecutivo triplicará la partida consignada a los complementos. De los tres millones actuales, claramente insuficientes para absorber los gastos generados por este capítulo, se pasará a nueve millones en 2005.

Por otro, el número de potenciales beneficiarios se extenderá de los profesores funcionarios a los docentes contratados permanentes, una nueva figura contractual recogida en la Ley del Sistema Universitario Vasco y que englobará a un elevado número de profesores en los próximos años. La aplicación de la futura norma tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2005.

El fin de este conflicto favorecerá, a juicio de Pérez, un mejor funcionamiento de toda la universidad. "La regulación de los complementos nos proporcionará una seguridad económica y jurídica, lo que es un hecho de gran importancia si se tiene en cuenta de dónde venimos", incidió el rector.

No es éste el único gran apartado sobre el que Gobierno y universidad han acordado dialogar bajo la nueva doctrina de la responsabilidad compartida. El establecimiento de un marco estable de financiación para la UPV, un objetivo añorado y reclamado por sucesivos equipos rectorales, se incluirá en el debate y diseño del Plan Universitario -instrumento con el que el Ejecutivo, en virtud de lo recogido en la nueva norma que rige el sistema vasco de educación superior, fijará las necesidades y las disponibilidades de la universidad pública para los próximos cuatro años, que se desarrollará durante el primer cuatrimestre de 2005.

"Hemos logrado un compromiso explícito. Tenemos ya una fecha para la elaboración del Plan Universitario y el marco de financiación, algo que ha sido una aspiración constante en los últimos años y del que ahora vemos que podremos disponer en un plazo razonable", subrayó Juan Ignacio Pérez.

El mismo periodo, los cuatro primeros meses del año que viene, es el que se ha fijado el área de Iztueta para constituir la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, un organismo clave para el desarrollo de numerosos aspectos de la ley vasca que afectan de manera directa a la UPV y que arrastra una demora que ha generado preocupación en la comunidad universitaria.

Pacto histórico

En una primera valoración sobre el impacto del acuerdo, el rector de la UPV no ocultó su satisfacción por lo que califica, en alguno de sus aspectos, como un pacto "histórico". "Hemos constatado que hay una voluntad de acuerdo y de apoyo a la UPV, pese a que también se han vivido dificultades en algunos momentos", reconoció para añadir que, en estos momentos, el equipo que él dirige ya está en disposición de desarrollar una política universitaria real.

No le faltaban al rector motivos para mostrarse ufano. Con el anuncio del acuerdo, que horas antes el propio rector presentó ante el consejo de Gobierno de la UPV en el Rectorado de Leioa, Pérez materializa, con más esfuerzo del previsto, el regreso a la normalidad institucional con el Ejecutivo autónomo, una tarea por la que una parte significativa de sus votantes en las pasadas elecciones le otorgaron su confianza.

Idéntica alegría a la del rector exhibió Iztueta, que insistió en la nueva orientación de responsabilidad compartida conseguida y que prefirió, a diferencia de anteriores ocasiones, pasar de puntillas sobre el convulso pasado. No quiso siquiera hablar de punto y final. En lugar de eso, optó por los "dos puntos". "Quiero pensar en el presente y en el futuro y reiterar la confianza plena en el porvenir de la UPV", sentenció.