Promesas electorales y el futuro del sistema público de I+D

Ante la difícil situación en el que se encontraba el sistema de I+D en 2003, el PSOE prometió, como parte de su programa electoral, incrementar la inversión en I+D en un 25 % anual durante los cuatro años siguientes. Dicha promesa suponía un cambio radical en la situación de la I+D pública tras ocho años de indiferencia o incluso abandono, en los que la tasa de progreso se ralentizó hasta casi detenerse y el sistema se mantuvo como pudo, más por el voluntarismo de los científicos que por el apoyo de una Administración que parecía más interesada en incrementar la burocracia y en disimular la ausencia de nueva inversión, que en el avance del desarrollo científico y técnico de un país como España que estaba(y sigue) a la cola de la Unión Europea en inversión en I+D.

Desde que el PSOE accedió al gobierno, se han producido diferentes manifestaciones públicas desde el ámbito científico recordando la promesa de aumentar el 25% el presupuesto para 2005 y exigiendo su cumplimiento. Sin embargo, reconociendo la necesidad de un tratamiento de choque, conviene reflexionar sobre cuál es la mejor opción para relanzar la I+D. En mi opinión, un incremento de esa magnitud no sería la mejor manera de ayudar a un sistema al ralentí. Un drástico aumento del presupuesto supondría algunos premios inesperados en un país tan aficionado a las loterías, pero ello iría en detrimento de los futuros candidatos a investigadores que apareciesen en el ineludible periodo de vacas flacas que seguiría a los cuatro años de bonanza.

Puesto que hay una percepción generalizada de que se debe duplicar, al menos, la inversión para alcanzar los niveles de la UE, ¿sería mucho pedir que se alcanzara un pacto entre todos los partidos políticos para incrementar la inversión en la I+D pública en un 10% anual (por encima de la inflación) durante los próximos 10 años? Un pacto que verdaderamente se mantuviese contra viento y marea, a pesar de las variaciones de la economía, de los partidos en el poder, y que apostara por una financiación sostenida en el medio plazo, la cual permitiría hacer una verdadera política científica que tanto se ha echado de menos en la última década. Yo creo que un pacto tal (si se cumpliese, cosa que no ha sucedido con los acuerdos de Lisboa del 2000 en materia de I+D que aprobaron los países de la UE) permitiría un salto cualitativo en la ciencia española como el que tuvo lugar entre 1983 y 1992, algo absolutamente necesario para que seamos un país competitivo entre los que van a liderar la sociedad del conocimiento en un futuro.

Sea cual fuere el incremento de presupuesto sobre los niveles actuales, ¿cómo invertirlo para obtener la máxima rentabilidad? La respuesta no es nada simple, pues no nos encontramos en la misma situación de hace 20 años, donde la comunidad científica se dividía entre los que publicaban en revistas internacionales y los que no publicaban. La comunidad científica actual es mucho más diversa, más compleja y mucho más numerosa por lo que es difícil generalizar. En las áreas de ciencias y algunas técnicas, demasiados investigadores se preocupan más del número de sus publicaciones (y del índice de impacto de las revistas) que de la influencia que sus trabajos puedan tener entre sus colegas o en la propia sociedad que financia sus actividades. Es sin duda un avance frente a aquellos que aún no publican, pero ya no es suficiente. Es evidente que el sistema de evaluación de la investigación no ha evolucionado lo suficiente y que no ha habido un seguimiento a posteriori riguroso de la actividad financiada, cada vez más rutinariamente (si bien con menos dinero) en la política de café para todos de los últimos años.

El procedimiento de evaluación de la investigación por sexenios fue uno de los avances más positivos del sistema, que se ha mantenido milagrosamente hasta ahora gracias a la labor de unos pocos, a los que todos debemos reconocimiento. Sin embargo, este procedimiento nunca se pensó para cuantificar las diferencias en calidad de la investigación, lo que requiere un análisis más específico y en profundidad realizado por especialistas, tan cercanos profesionalmente como alejados geográficamente del evaluado.

Elías Fereres fue presidente del CSIC y Secretario de Estado de Universidades e Investigación entre 1991 y 1994.