Un duro golpe a la educación

Escribo este primer análisis desde fuera de España, sin haber podido leer el Informe PISA 2003 completo, sino sólo las informaciones transmitidas por los medios de comunicación. A pesar de estas limitaciones, los datos son concluyentes: muchas cosas no funcionan bien en nuestro sistema educativo. Son datos que hubiéramos podido intuir y anticipar, conocedores de que el 25% de nuestros alumnos no aprueban la educación básica. Pero la constatación pública de las diferencias con otros países nos impacta con más fuerza. Puede ser un buen momento para la reflexión serena, para la definición de estrategias nuevas de cambio, para la asunción colectiva de responsabilidades y para la movilización social en favor de una educación mejor para todos los alumnos.

Los recursos públicos destinados a la educación son insuficientes y están por debajo de la media europea

Existe el riesgo, no obstante, de que los datos negativos sólo sirvan para que cada colectivo busque en los otros, y sólo en los otros, la causa principal de los problemas. Sería el primer error. Es necesario aceptar que el desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) ha terminado su recorrido y que no ha sido capaz de resolver muchos de los problemas que se han planteado durante este tiempo. Es preciso admitir que después de ocho años de gobierno conservador, durante los cuales se modificó el currículo a partir de la denominada reforma de las humanidades, apenas se ha mejorado. Hay que reconocer igualmente que pocas comunidades autónomas, todas ellas responsables de la gestión educativa, han sido capaces de dar un impulso eficaz al funcionamiento de sus centros docentes. Tampoco las universidades han estado a la altura de las circunstancias: el curso de especialización del profesorado de secundaria continúa abandonado a su suerte, todavía anclado en muchos casos en la Ley General de Educación, de 1970. Es conveniente apuntar que los centros que escolarizan a los mejores alumnos no han sido capaces de desarrollar al máximo sus posibilidades, ni aquellos que educan a los que tienen más riesgo de fracaso han tenido la fuerza suficiente para evitarlo. Es necesario señalar que una parte de los profesores no se siente responsable de las dificultades de aprendizaje que experimentan sus alumnos. También hay que destacar que la mayoría de la sociedad, e incluyo aquí a las familias, han hablado mucho de los problemas de la educación, pero apenas han arrimado el hombro para ayudar a resolverlos. Finalmente, es imprescindible afirmar que los recursos públicos destinados a la educación son insuficientes y están por debajo de la media de los países con los que nos comparamos.

Si fuéramos capaces de aceptar la responsabilidad colectiva con los malos resultados obtenidos, habríamos dado un primer paso en la dirección correcta. El segundo sería acertar en las propuestas de cambio. Estamos inmersos en un debate educativo que, desgraciadamente, se ha centrado en ver si la LOGSE es mejor o peor que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), si se financian más o menos a las escuelas privadas en la etapa de tres a seis años, o si se estudia mucha o poca religión en las escuelas. Sin duda, son temas importantes, pero pueden oscurecer lo que deberían ser los ejes principales de un proyecto de cambio.

Apuntaré de forma necesariamente sintética las prioridades que, desde mi punto de vista, deberían marcar la agenda futura: el acuerdo público entre el Gobierno y las comunidades autónomas sobre la financiación extraordinaria de la educación en un horizonte temporal de, por ejemplo, 10 años; la definición de lo que deberían ser en el siglo XXI las competencias básicas que han de alcanzar todos los alumnos; la apuesta decidida por la formación y el desarrollo profesional de los docentes, en donde se combine el reconocimiento y el apoyo constante con la justa exigencia; el énfasis especial en la prevención de las dificultades de aprendizaje de los alumnos, lo que supone un esfuerzo decidido para que ninguno de ellos se quede retrasado; el cuidado especial por la integración y la convivencia de todos los estudiantes, porque su desarrollo emocional y social es tan importante, o más, que obtener buenos resultados en el Informe PISA; y la participación activa de todos los sectores sociales en la tarea de educar a todos los ciudadanos durante la vida entera.

A pesar de la conmoción que los datos del informe nos provoca, puede ser una buena oportunidad para que la educación sea, finalmente, una prioridad de la sociedad, de los poderes públicos y del actual Gobierno.

Álvaro Marchesi es catedrático de Psicología de la Educación, ha sido secretario de Estado de Educación con el PSOE y es uno de los padres de la LOGSE.