Un reto ligado a la creciente longevidad de los ciudadanos

"Estamos ante un gran problema y ha llegado la hora de afrontarlo", afirma la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce. "El Gobierno tiene el firme compromiso de no desatender a ninguna persona dependiente", añade. El Ejecutivo ha ofrecido dedicar 1.000 millones de euros en ocho años a un fondo destinado a sufragar, en parte, el coste de la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Esa situación es más frecuente conforme avanza la edad. Y cada vez son más los ciudadanos longevos.

La intención del Gobierno es incluir la creación de ese fondo en la futura ley de dependencia, que prevé enviar al Parlamento en el primer semestre de 2005 para abordar las dificultades en la atención a los ciudadanos de cualquier edad que no pueden valerse por sí mismos en la vida cotidiana. "Es muy importante alcanzar el consenso para esa ley con los grupos parlamentarios, los agentes sociales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos", asegura la secretaria de Estado. Esas dos últimas administraciones son las grandes protagonistas de la asistencia pública a los dependientes.

Escasa atención pública

Valcarce reconoce que los servicios públicos de atención a las personas dependientes son en general escasos, si bien el panorama es muy diverso, dado el papel que juegan tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos. En el caso de los ciudadanos mayores de 65 años dependientes, sólo el 3,2% recibe la atención principal de los servicios sociales (residencias, teleasistencia, centros de día o ayuda a domicilio), según los datos de 2002 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Pese al incremento de los servicios privados o concertados, las familias son las grandes proveedoras de cuidados a las personas dependientes. A tenor de un reciente estudio de la Asociación Edad & Vida (vinculada a empresas y asociaciones relacionadas con los mayores) elaborado en colaboración con el Instituto Catalán del Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, las familias atienden al 76,8% de los mayores dependientes.

Las mujeres de las principales cuidadoras de sus familiares o allegados que no pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, los expertos han reiterado que ese modelo entrará pronto en crisis, debido a la creciente incorporación femenina al mercado laboral. Así las cosas, uno de los planteamientos que maneja el Gobierno de cara a la futura ley de dependencia es calcular la creación de empleo que se generaría al incrementar los servicios de atención a dependientes.