Los altos cargos serán inhabilitados diez años si violan la ley de incompatibilidades

Los altos cargos del Gobierno que incumplan el régimen de incompatibilidades serán sancionados con una pena de inhabilitación que les impedirá acceder a otro puesto similar durante diez años, y las altas magistraturas del Estado tendrán que someterse al control del Congreso con carácter previo a su nombramiento. Son dos de las medidas más importantes del Código de Buen Gobierno, cuyo anteproyecto fue debatido ayer por el Consejo de Ministros. El código endurece el régimen de los altos cargos y es un compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, incluido en el capítulo de regeneración democrática.

Los patrimonios y las actividades de los altos cargos del Ejecutivo se harán públicos

Zapatero ha supervisado personalmente la elaboración de este anteproyecto de ley junto con el ministro del ramo, Jordi Sevilla, pues recoge su ideario sobre la Administración pública, de cuya comisión parlamentaria fue portavoz socialista, de 1996 a 2000, antes de ser elegido secretario general del PSOE, en julio de ese año.

Sevilla precisó ayer que aunque la ley de incompatibilidades vigente ya contempla que los ex altos cargos del Gobierno no pueden contratar con empresas relacionadas con su ámbito de trabajo en la Administración, dichas prácticas no están sancionadas y se limita a hacer pública la actividad ejercida de modo ilegal.

"Hoy resulta fácil incumplirla y no pasa nada", dijo Sevilla. Pero una vez reformada la ley, quienes incumplan el régimen de incompatibilidades serán inhabilitados por 10 años y las empresas que les contraten serán informadas por la Administración de que el contratado incumple la ley. El control de las incompatibilidades que actualmente ejerce una subdirección dependiente de la Dirección General de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas pasará a un Observatorio de Conflicto de Intereses, que tendrá un "mayor nivel de autonomía para gestionarlo", según el ministro.

Los altos cargos del Gobierno ejercerán sus funciones, según el Código Ético, con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, público o privado, por lo que no podrán percibir cualquier otra remuneración. El Código de Buen Gobierno añade como novedad que el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos tendrá carácter público y su contenido se publicará en el BOE. Asimismo, los bienes de los altos cargos en valores mobiliarios se administrarán en un fondo ciego, sin conocimiento de los interesados.

Estas medidas, recogidas en el Código, extienden su aplicación a todos los altos cargos de la Administración General del Estado, pero también, y es otra novedad, a presidentes, directores y gerentes de las empresas y fundaciones públicas y órganos reguladores y de supervisión.

Otra novedad que recogerá la nueva ley es la supresión de los tratamientos oficiales de carácter protocolario. "Se trata de que ministros y altos cargos sean tratados como los ciudadanos y el señor y la señora serán suficientes porque pasó la época del excelentísimo e ilustrísimo", explicó Sevilla. Esta medida, añadió, persigue aproximar el comportamiento de los altos cargos a las exigencias de los ciudadanos para aumentar la confianza de éstos en la Administración. La medida será aplicable, por el momento, a la Administración General del Estado. No lo será a las administraciones autonómicas ni municipales ni a la Casa Real.

Otra de las medidas más novedosas del Código es la exigencia de comparecencia en el Parlamento, como requisito previo a su nombramiento, de altas magistraturas del Estado como los miembros del Consejo General del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado; los miembros del Tribunal Constitucional; el Defensor del Pueblo; el presidente del Consejo de Estado y los consejeros del Tribunal de Cuentas.

A su vez, tendrán que comparecer, previamente a su nombramiento, en una comisión parlamentaria los máximos responsables de los órganos reguladores y de supervisión, como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo Económico y Social y RTVE.

El Código promoverá también, según adelantó el ministro, la independencia de los altos cargos del Ejecutivo que no podrán aceptar puestos en órganos ejecutivos de dirección en partidos políticos de ámbito autonómico y estatal, a excepción del presidente, ministros y secretarios de Estado.

La austeridad en el uso del poder será otra de las normas que impondrá el Código a los altos cargos, que "evitarán toda manifestación externa inapropiada u ostentosa que pueda menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público".

El Código prohibirá a los altos cargos aceptar regalos o cualquier favor que "más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía puedan condicionar el desempeño de sus funciones". Los regalos que no puedan rechazarse por tratarse, por ejemplo, de intercambios en las relaciones internacionales, se incluirán en un Registro de Patrimonio del Estado, precisó Sevilla.

La futura ley también abordará la "transparencia informativa", de modo que los altos cargos estarán obligados a dar información a ciudadanos y medios de comunicación sobre el funcionamiento de los servicios públicos". El Gobierno recuerda que el portavoz del primer ministro británico, Tony Blair, se vio forzado a dimitir porque los medios de comunicación le acusaron unánimemente de "ocultar información".

Sevilla precisó, como justificación de la norma, que en materia de ética política "no sólo hay que serlo sino parecerlo". "Estoy seguro de que muchos empleados públicos se rigen por estas normas, pero el Gobierno ha querido regularlas para que a quien no las siga se le puedan sacar los colores".

El Consejo de Ministros aprobó también los nombramientos de Javier Elorza como embajador en Georgia; Luis Felipe Fernández, embajador en Azerbaiyán; Nicolás Martínez-Fresno, José María Otero y Jesús Julio López, embajadores de grado. Además se otorga carácter de documento sin clasificar a la Directiva de Defensa Nacional.