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El Ejecutivo aprueba el proyecto del Código de Buen Gobierno

El texto contempla la "austeridad" en el uso del poder y la "imparcialidad e independencia" de los altos cargos del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un conjunto de acciones que conformarán el llamado Código de Buen Gobierno del Ejecutivo, como cumplimiento de uno de los grandes compromisos que José Luis Rodríguez Zapatero adquirió en la campaña electoral a fin de garantizar la transparencia, la austeridad y la regeneración democrática.

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Entre las medidas adelantadas por el titular de este departamento, Jordi Sevilla, figura un paquete de sanciones para el inclumplimiento del régimen de incompatibilidades (entre otras, inhabilitaciones para cargo público y devolución de pensiones) a la prohibición de que los representantes del Estado en empresas con capital público perciban dietas por su asistencia a consejos de administración.

Sevilla ya presentó un borrador en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 10 de diciembre. Aquel texto incluía como novedad con respecto a la situación actual sanciones de 10 años para ser nombrados de nuevo como altos cargos a quienes incumplan el régimen de incompatibilidades.

Aunque el Código de Buenas Prácticas Democráticas hecho público por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en febrero de 2004 defendía que el control de las incompatibilidades pasaría a ser realizado por un organismo independiente del Gobierno, finalmente se dará "un paso intermedio", en palabras de Sevilla.

Observatorio

Así, el ministro explicó en diciembre que lo que actualmente es una Subdirección (dentro de la Dirección General de Inspección de su Ministerio) encargada del régimen de incompatibilidades se convertirá "en un Observatorio de Conflicto de Intereses, que tenga un mayor nivel de autonomía y de independencia para gestionar el cumplimiento" de la citada norma.

Además, avanzó que habrá comparecencias previas en el Parlamento al nombramiento de los titulares de órganos constitucionales y de otros entes reguladores, y se suprimirán los tratamientos oficiales de carácter protocolario. Sevilla recalcó que el objetivo del Código es aproximar el comportamiento de los altos cargos del Gobierno a las exigencias de los ciudadanos, para incrementar la confianza de éstos en su Administración.

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