El Ejecutivo anuncia un código de buen gobierno y un cambio de la ley de funcionamiento de la administración
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El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció ayer una reforma de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) en su intervención en la Comisión de Administraciones Públicas del Senado. Sevilla dijo que la LOFAGE "no ha proporcionado todos los resultados que se esperaban, con varias deficiencias significativas" que situó en "la estimación de los costes de los servicios integrados, que ha producido considerable insuficiencias de financiación de los servicios públicos en la Administración periférica".
También apuntó que existe una percepción dominante en los ciudadanos sobre servicios esenciales, como la extranjería y sanidad exterior, de que "se trataba de un conjunto de actividades residuales de la Administración General del Estado".
Sevilla dijo que "se ha producido un empeoramiento significativo de los servicios públicos prestados por la Administración periférica del Estado". Y calificó como "muy deficiente" la situación de "gran parte de los bienes inmuebles asignados a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno".
Asimismo, anunció, en su intervención, que se abordarán las "reformas necesarias" para mejorar el régimen de incompatibilidades, tanto de los funcionarios como de los altos cargos de la Administración, "con el fin de que no se produzcan conflictos de intereses en el desempeño del servicio público".
Precisó que se revisará la legislación que afecta al régimen de incompatibilidades de los empleados públicos para aplicar criterios objetivos que permitan "mantener su profesionalidad y su imparcialidad", y al mismo tiempo, "se eviten situaciones que perjudican a aquellos que tienen un nivel retributivo más bajo".
También anunció la elaboración de un Código del Buen Gobierno, dirigido a "fomentar la vocación del servicio público como un valor esencial en la actuación de la Administración pública, y especialmente de sus directivos".
Precisó que aumentarán los controles para "evitar posibles conflictos de intereses que impidan la imparcialidad en las decisiones públicas, no sólo durante el tiempo en que se desempeña un cargo público sino también una vez que éste haya finalizado". Sevilla dijo que "se establecerán periodos transitorios y adoptarán medidas eficaces que impidan conductas que cuestionen la actuación de la Administración pública".
