Chávez afirma que será "inflexible" en la aplicación de la ley de medios

El presidente venezolano, Hugo Chávez, firmó la noche del martes la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y anunció que el Gobierno será "inflexible" en su aplicación. Ello a pesar de que la oposición, propietarios de medios de comunicación, periodistas y organizaciones de derechos humanos creen que la llamada ley mordaza coarta la libre expresión, por lo que pedirán su anulación ante organismos internacionales.

Chávez retrasó su viaje a la cumbre de Cuzco con la única finalidad de suscribir la ley, luego de que ésta fuera definitivamente sancionada por la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de Venezuela, la misma noche del martes. "Hoy es un día histórico, hoy comienza el pueblo a librarse de la dictadura de los dueños de medios de comunicación social, la única verdadera mordaza que ha tenido la libertad de expresión durante todos estos años", dijo el presidente. Chávez respondió de este modo a una intensa campaña en su contra desarrollada por las principales cadenas de televisión, emisoras y periódicos. Estos medios calificaron la normativa como ley mordaza.

Los diputados de los partidos de la oposición, que al estar en minoría no pudieron evitar la aprobación de la ley, protestaron colocándose mordazas negras durante la sesión final, en la que se aprobaron las correcciones de estilo del texto de 35 artículos. "Que en paz descanse la libertad de expresión", rezaba la pancarta de uno de los parlamentarios. Los portavoces de la oposición aseguran que la ley será empleada por el Gobierno para forzar a los medios a no transmitir informaciones relativas a protestas públicas y cualquier manifestación de disidencia, todo ello bajo el argumento de evitar la difusión de propaganda de guerra, mensajes que inciten al odio o a la desobediencia de las leyes.

Último intento

El martes, el Instituto Internacional de la Prensa envió una carta a Chávez instándolo a no firmar la ley, en un esfuerzo final por evitar que entrara en vigor. Este organismo, que representa a editores y jefes de redacción de 120 países, arguyó que las sanciones previstas en la norma por la difusión de mensajes prohibidos son tan severas que inducirán a los periodistas y dueños de medios a la autocensura. Las penas previstas en la ley van de multas a suspensiones temporales y cierres definitivos de las emisoras de radio y TV.

Chávez y algunos portavoces de su Gobierno sostienen que la ley afectará a aquellos medios que difundan mensajes violentos o pornográficos en horarios reservados para los niños o clasificados como aptos "para todo público", y garantizaron que nada obstaculizará el flujo informativo ni la transmisión de noticias en vivo.

Ayer mismo, con la ley en proceso de publicación en el boletín oficial, se produjo una prueba de fuego. Caracas amaneció sacudida por disturbios por un enfrentamiento en pleno centro de la ciudad de agentes de las policía con vendedores ambulantes irregulares que fueron desalojados de las aceras. La cadena Globovisión transmitió imágenes de la refriega, en la que al menos siete personas resultaron heridas, pero no lo pudo hacer en vivo, sino una vez editadas.

Desirée Santos Amaral, diputada del partido oficialista Movimiento Quinta República y veterana periodista de una emisora y un diario muy populares, hizo una intervención final en el Parlamento para declarar que la ley es una victoria del pueblo y un gran avance en materia de protección de la infancia y la juventud. "Estoy demasiado contenta con esta ley y públicamente asumo la responsabilidad de lo que pase con ella, porque sé que será para bien de los niños, los adolescentes y el país en general", expresó.

Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa, que convocó una reunión de emergencia en Caracas el pasado lunes, se dispone a llevar la causa contra la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión a instancias internacionales, comenzando con la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí denunciarán que la referida legislación es apenas uno de los componentes de "una escalada jurídica contra el derecho a disentir", que incluye además una reforma al Código Penal.