El general que identificó a las víctimas del Yak dice ahora que Turquía le negó muestras de ADN

"Si hubiéramos tenido alguna duda [sobre la identificación de 30 cadáveres de las 62 víctimas del accidente del Yak-42] habríamos pedido pruebas de ADN", aseguró el pasado 2 de marzo el general de división Vicente Navarro. "La toma de muestras de ADN no fue considerada necesaria por el equipo médico desplazado a Turquía", insistió al día siguiente el Ministerio de Defensa. Este lunes, sin embargo, Navarro ofreció una versión muy diferente ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. "España no saca muestras para la prueba de ADN porque no lo autorizan los turcos", dijo.

Tras negar durante meses que se conservaran muestras de los cadáveres, Navarro reconoce ahora que vio cómo los forenses turcos las tomaban, durante la tarde del 27 de mayo de 2003 en la morgue de Trabzon (Turquía), aunque, alegó, "no les dejaron a los españoles recogerlas". Al inicio de su declaración judicial, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el general afirma que pensó que lo que tomaban los forenses turcos "eran muestras toxicológicas y no de ADN", pero más adelante agrega: "Estaba dispuesto a recoger esas muestras de ADN si de ninguna otra manera hubieran sido posibles las identificaciones, si bien no me lo hubieran autorizado los turcos".

Defensa nunca dijo que no se hubieran tomado muestras de ADN porque lo impidieran los turcos, sino porque no era necesario. Éste es el argumento que esgrimió el teniente general José Antonio Beltrán, también imputado, en su informe del 30 de mayo de 2003, remitido al Parlamento: "Se alerta al equipo de especialistas de la Guardia Civil para que se traslade a Turquía con fichas dentales y equipo para comprobación de ADN [pero] esta activación queda sin efecto al disponer el equipo desplazado de todo lo necesario para la identificación del personal". Por el mismo motivo, se canceló el aviso a varias familias de las víctimas de que estuvieran listas para que se les tomaran muestras de sangre.

¿Por qué no se hicieron las pruebas de ADN al llegar los féretros a Madrid?, preguntó al general Navarro el abogado de la Asociación de Familiares, Leopoldo Gay. Porque "tenía el convencimiento de que estaban bien identificados y no había ningún juez que pusiera inconveniente alguno al enterramiento", respondió.

Pero sí lo hubo. Según declara el propio Navarro, a su llegada a Torrejón (Madrid), preguntó "qué autoridad judicial se ha presentado para dar curso a la inscripción de defunción y licencia de enterramiento de cadáveres. Pero le dicen que no hay ninguna autoridad judicial. Es más, le dicen que se ha contactado con el juez de Torrejón y ha dicho que es un asunto militar. Tiene lugar el funeral y desaparece toda la gente y comienza a haber peticiones de certificados de defunción para los enterramientos".

Certificados de defunción

Fue el propio Navarro quien, "consciente del sufrimiento de las familias", firmó en la misma base los certificados de defunción. También en ese momento, en Torrejón, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel Sáez confeccionan los certificados de autopsia -que son, en palabras de Navarro, "una observación, no una autopsia en sentido estricto"- aunque están firmados el día anterior en Trabzon (Turquía).

La negativa a que los españoles tomaran muestras para ADN no fue el único roce con las autoridades turcas, según Navarro. "El declarante exigió de las mismas el certificado de defunción o, como mínimo, la orden que ellos utilizan para la licencia de enterramiento, documentos que le fueron negados totalmente desde Turquía. Es más, el teniente general Beltrán y el declarante exigieron al menos una fotocopia de las actas que habían firmado en turco y también les fueron negadas. El hecho de que [...] les negaran las copias les llevó a determinar que, si seguían pidiendo algo, no los dejaban salir".

La tensión con los turcos, según dijo Navarro a la juez, llegó al extremo de que les impidieron tocar los cadáveres y el comandante Ramírez fue amonestado en dos ocasiones por intentar coger un anillo y una cartera para identificar a un cadáver.

Visita de Trillo

Estas tensiones no se reflejaron en el informe que el general firmó el 1 de junio de 2003, remitido también al Parlamento, en el que Navarro dijo que el personal turco demostró "una gran eficacia y colaboración, contribuyendo de forma importante a la aceleración del trabajo". También es cierto que en ese informe mencionaba una reunión con las autoridades turcas en la que se fijaron "las condiciones de trabajo conjunto", mientras que en su declaración ante la juez se refirió a la misma en estos términos: "Les llevaron [a los españoles] a una reunión celebrada en turco, por lo que no entendían nada".

Todos estos problemas podía haberlos resuelto el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, quien el día 27 por la mañana visitó el tanatorio de Trabzon. Navarro sostiene, sin embargo, que "no tuvo tiempo para hablar con el ministro y explicarle la intolerancia de las autoridades judiciales y civiles turcas".

Las discrepancias se extendieron a las identificaciones. Los turcos, según Navarro, "sólo admitieron como identificación el nombre completo de los uniformes o la documentación que llevaban en los bolsillos", mientras que él se basó en uniformes y "distintivos de empleo, arma y graduación". El problema, como recordó el comandante Ramírez, es que algunos militares iban de paisano; tenían fotos "de casi todos ellos", pero no de todos; y Navarro cree que ninguno estaba decapitado, aunque no está seguro.

Fue en base a esos criterios, rechazados por los turcos, como Navarro identificó a 30 españoles. No siguió el criterio del capitán Sáez, quien declaró a la juez: "Nosotros no somos forenses y, por tanto, no estamos cualificados para realizar identificaciones, por lo que teníamos que fiarnos de lo que decían los turcos".