Los productores de tabaco y los hosteleros rechazan la futura norma
Los planes para restringir el consumo del tabaco no han sido bien recibidos por todos. Entre los más preocupados figura la Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco, cuyo presidente, Juan Hernández, aseguró hoy que la medida adoptada por el Gobierno agravará la difícil situación que atraviesa el cultivo, del que dependen un total de 20.000 familias en España. "Si la reforma de la Política Agraria Común (PAC) ya nos dejó tocados, esto es la puntilla", dijo Hernández.
La Federación Española de Hostelería consideró el proyecto un "insulto" al sector, por tratar a los empresarios como "súbditos" del Gobierno. El secretario general de la Federación, Emilio Gallego, apostó por que sean los propios bares los que determinen si son para fumadores o no, y que sean los clientes quienes elijan en cuál quieren entrar, en uso de su libertad. "En la calle hay mucho humo de los coches y nadie se preocupa", manifestó.
Apoyo de los médicos
En cambio el vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Antonio Torres, se felicitó por el proyecto. "Cuanto más exigentes son las autoridades sanitarias, se ha demostrado lograr mejores resultados en cuanto al abandono de este hábito", que causa más de 50.000 muertes al año sólo en España, dijo. También resaltó el coste sanitario del tabaco, que un estudio de la Universidad Pompeu Fabra cifra en 3.000 millones de euros, según manifestó ayer la ministra de Sanidad, Elena Salgado.
También la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha "aplaudido" la medida, y ha pedido al Gobierno que "controle su cumplimiento, pues es obvio que la legislación actualmente vigente [que prohíbe fumar en centros sanitarios, educativos y comerciales de gran afluencia, entre otros] no se cumple y existe un casi nulo control sobre la misma".
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) pidió más control sobre la publicidad indirecta de marcas de tabaco en la televisión.
Por su parte a portavoz adjunta del PP en la Comisión del Sanidad del Congreso, Mercedes Roldós, apoyó la medida, pero criticó la "falta de novedad" del anteproyecto porque se limita a desarrollar el Plan Nacional para la Lucha contra el tabaquismo aprobado el 13 de enero de 2003 por el Gobierno del PP. Según Roldós, la única novedad que aporta esta normativa anunciada por el Gobierno es la prohibición de fumar en establecimientos de restauración cerrados que no tengan habilitados espacios sin humo, una decisión que manifestó que compartía.
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