Una fiscal de Milán reclama ocho años de cárcel para Berlusconi por sobornar a jueces

La fiscal de Milán Ilda Boccassini pidió ayer ocho años de prisión y la inhabilitación permanente para el ejercicio de todo cargo público para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por el presunto soborno a jueces para que favorecieran indirectamente la venta del grupo alimenticio estatal SME a su holding Fininvest en 1985. El juicio contra Berlusconi comenzó el pasado mes de abril, después de estar paralizado diez meses por una ley de inmunidad aprobada por el Parlamento y declarada luego ilegal por el Tribunal Constitucional.

Ocho años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cualquier cargo público. Ésa es la síntesis de nueve horas de alegato de Ilda Bocassini, fiscal de Milán, quien aseguró ayer que existían las pruebas que demostraban que Berlusconi tenía en el libro de contabilidad de su holding Fininvest "al juez Renato Squillante y pagaba a otro juez, Filippo Verde, para que se dedicaran al servicio de varios intereses suyos".

En su petición, la fiscal Boccasini subrayó la gravedad del delito y afirmó que "la corrupción de un magistrado toca el pilar en el que se basa un Estado democrático", informa Efe.

La investigación comenzó porque los fiscales milaneses sospecharon que la venta de la sociedad alimentaria había sido amañada por dos jueces del Tribunal de Roma, Filippo Verde y Renato Squillante. El supuesto caso de corrupción por parte de Berlusconi se produjo antes de la entrada en política, cuando se dedicaba sólo a los negocios.

El juez Squillante ya fue condenado a ocho años de cárcel, mientras que el entonces hombre de confianza de Berlusconi, Cesare Previti, fue a su vez condenado a cinco años de prisión por haber hecho de intermediario en el soborno del juez.

Berlusconi fue apartado del proceso por una ley aprobada por el Parlamento que daba la inmunidad a los cinco altos cargos del Estado durante su ejercicio. Esta ley, conocida como el laudo Schifani, fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el juicio contra Berlusconi se reanudó desde el principio y en una sala del Tribunal de Milán diferente a la que juzgó a los otros acusados en noviembre del año pasado.

La fiscal Ilda Bocassini ha declarado que existen documentos bancarios que "testimonian la transferencia de más de 400.000 dólares de las cuentas de Fininvest a las del juez Squillante, por mediación de Previti". Esa transferencia de dinero, según Gaetano Pecorella, uno de los abogados de Berlusconi, "forma parte de un conjunto de pagos profesionales y no prueban la implicación directa de Silvio Berlusconi".

"La fiscal ha hablado de operaciones bancarias efectuadas en épocas que no conciernen a este proceso", indica el letrado de Berlusconi. "Pero hay una sola cosa de la que no ha hablado: cuáles son las pruebas que mostrarían que Silvio Berlusconi ha corrompido a jueces", añadió.

El abogado Pecorella no excluye que el delito pueda preescribir y añadió que nunca había visto pedir el máximo de la pena para una persona acusada de corrupción.