Los productores calculan que la orden les costó 90 millones de euros
El presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo (ANEO), Fernando Muñoz, se felicitó ayer por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "El fallo confirma que la inmovilización del aceite de orujo, que supuso la incautación de 30.000 toneladas del producto, fue desproporcionada e ilegal", dijo Muñoz.
Con todo, ANEO, una asociación nacional formada por 35 empresas que representan al 80% del sector, considera que la sentencia llega "demasiado tarde", porque "el daño ya está hecho". A su juicio, ahora sólo se puede esperar que prosperen las peticiones de indemnización presentadas en los juzgados. Una línea que parece ganada después del reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconocía una indemnización de 34.000 euros a la industria Torres Ribelles por la inmovilización.
El sector orujero, que da empleo a unas 5.000 personas en todo el país, todavía no ha superado la crisis. Los productores, añadió el presidente del sector orujero, se afanan por recuperar un mercado que estaba situado en casi 100.000 toneladas anuales y que hoy apenas llega al 50%. Muñoz comparte la evaluación realizada ayer por Asoliva en el sentido de que las pérdidas originadas por la inmovilización del aceite de orujo podrían estar cercanas a los 90 millones de euros (15.000 millones de las antiguas pesetas).
Uno de los retos pendientes que tienen los productores de orujo es la puesta en marcha de nuevas campañas de promoción, para lo que han pedido la cofinanciación al Ministerio de Agricultura.
