El PSOE recoloca con sus socios de ERC e IV más de 400 millones de los Presupuestos

Las intensísimas negociaciones del Presupuesto entre el PSOE y sus socios de Esquerra Republicana e Izquierda Verde (IV) atravesaron ayer un nuevo punto clave con la presentación de las enmiendas parciales. Los textos presentados conjuntamente por los tres grupos implican una recolocación de más de 400 millones de euros. El Presupuesto no se amplía, así que ese dinero sale de otras partidas que el PSOE no ha especificado de momento. El nuevo fondo para los municipios y comunidades especialmente afectados por la inmigración se lleva 120 millones de euros y hay otros 80 para cooperación internacional.

La negociación no ha concluido. Además de las enmiendas conjuntas, los socios del Gobierno presentan sus propias iniciativas, que tratarán de impulsar en los debates en comisión durante el próximo mes y medio a través de enmiendas transaccionales de los socialistas. Pero el grueso del pacto, el que ha llevado a ERC e Izquierda Verde -integrada por IU e Iniciativa Per Catalunya- a votar contra las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, está en esos textos conjuntos que entraron ayer en el registro. Todas ellas han sido negociadas en una decena de reuniones e innumerables llamadas por Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), Joan Puigcercós (ERC), Gaspar Llamazares (IU) y Joan Herrera (ICV).

Aunque nadie tenía del todo claro ayer qué se había acordado finalmente, porque el PSOE no distribuyó el contenido definitivo de las enmiendas conjuntas, tanto IV como ERC coincidían en señalar que la cuantificación de esas modificaciones del Presupuesto supera los 400 millones.

Sin contar las infraestructuras, donde hay una recolocación de más de 100 millones, los dos grupos han logrado convencer al PSOE para que mueva 325 millones en políticas sociales, que se desgranan de la siguiente manera:

- 120 millones para un fondo de nueva creación, destinado a dotar a las comunidades y municipios más afectados por la inmigración del dinero necesario para hacerle frente. Se trata de 80 millones para que los municipios atiendan a los extranjeros con servicios básicos (viviendas de acogida, asistentes sociales, etcétera) y otros 40 para que las comunidades más afectadas puedan reforzar su presupuesto.

- 80 millones para incrementar el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Los grupos habían pactado un aumento de 100 millones, pero finalmente el PSOE sólo ha concedido 80, con la idea de que el presupuesto de cooperación llegue al 0,3% para acabar al final de la legislatura en el 0,5%, un compromiso del presidente del Gobierno.

- 30 millones para crear un fondo para las llamadas políticas de dependencia, esto es, gastos destinados a atender a las personas dependientes (ancianos, discapacitados, niños...). Otra enmienda cifra en un millón el dinero presupuestado para elaborar un libro blanco sobre este asunto, para el que los socios del gobierno pedían muchos más fondos.

- 25 millones más para rehabilitación y construcción de viviendas de protección oficial, unos fondos que deben transferirse a las autonomías que son las que tienen la competencia. IV trató de eliminar los 150 millones dedicados a la ayuda directa a fondo perdido a la compra para menores de 30 años, que en su opinión no reduce el precio y va directamente a los promotores, pero el PSOE se negó.

- 25 millones para crear un fondo nacional para la investigación científica, una forma de tratar de aplacar las críticas de la comunidad de investigadores respecto al Presupuesto. Otro 15 millones se destinarán a aumentar los fondos que inicialmente estaban previstos para el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También se han incluido en las enmiendas otros seis millones para convertir en contratos las becas de los investigadores científicos.

- 6 millones para mejorar los servicios de inspección de la seguridad e higiene en el trabajo, una forma de reducir los accidentes laborales, que se complementará con nuevas leyes para reducir la precariedad y la subcontratación, especialmente en la construcción.

- 10 millones para políticas ecológicas, 5 de ellos para el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y otros tantos para la adaptación de edificios oficiales a criterios de eficiencia energética.

Los otros 100 millones se dividen en una cuarentena de pequeñas infraestructuras, especialmente obras de ferrocarril tradicional. La mayoría de ellas están en Cataluña y en zonas gobernadas por IU, como Córdoba o Asturias.

El volumen más importante consiste en un plan de 12 millones para mejorar los cercanías, la línea de alta velocidad Valencia-Tarragona (18 millones) o la variante de Camarillas (Albacete, 15 millones).