ERC compromete al Gobierno central a destinar una partida a la compra del aeropuerto de La Seu d'Urgell
Las gestiones para la reapertura del aeropuerto de La Seu d'Urgell (Alt Urgell) han tomado un nuevo rumbo. El grupo de Esquerra Republicana en el Congreso ha arrancado del Gobierno central un compromiso para incluir en los presupuestos del Estado para 2005 una partida destinada a comprar las instalaciones a la familia Betriu, dueña de los terrenos en los que se halla enclavado el aeropuerto. La titularidad de la instalación sería transferida después a la Generalitat.
El protagonismo de la Administración catalana en la gestión del futuro aeropuerto ha sido una de las condiciones de los republicanos para apoyar los presupuestos del próximo año. "El pacto incluye la reserva de una partida para comprar el aeropuerto, y la cantidad dependerá del precio de la operación, ya que los terrenos son privados. Después, cuando sea de titularidad de la Generalitat, ya se verá qué tipo de convenio se establece con Andorra", asegura el diputado republicano por Lleida Jordi Ramon.
El aeropuerto de La Seu, situado en el término municipal de Montferrer, fue cerrado en 1982 por razones técnicas y económicas, pero en los últimos años el Gobierno andorrano, principal interesado en recuperar estas instalaciones aeronáuticas, ha realizado intensas gestiones con las autoridades españolas para conseguir que se convierta en el aeropuerto de los Pirineos.
Las negociaciones, muy complejas por tratarse de una cuestión que afecta a dos Estados, se desbloquearon hace dos años, pero no se ha avanzado en la elaboración del tratado internacional que debe dar solidez jurídica a unos acuerdos bilaterales en los que se marginó a la Generalitat.
El convenio de colaboración que firmarán el Gobierno central y la Generalitat dejará al margen al Gobierno andorrano, cuando en el anterior acuerdo con el PP este país tenía reconocida la gestión y explotación comercial del aeropuerto, mientras que la navegación aérea hubiera dependido exclusivamente de AENA, organismo público que gestiona la red aeroportuaria.
El futuro aeropuerto será de segunda categoría y dirigirá el tráfico de vuelos regionales realizados con aparatos de dimensiones medias, con capacidad para un máximo de 90 pasajeros. Se calcula que ponerlo en funcionamiento requerirá una inversión mínima de 20 millones de euros.
En caso de llegar a buen término el plan pactado entre republicanos y socialistas para reabrir la instalación, quedaría descartada la denominación de Andorra-Pirineus. La familia Betriu siempre se ha mostrado receptiva a todas las posibilidades, pero hasta la fecha no se ha concretado ninguna de las ofertas recibidas.
