España aplaza hasta 2008 el grueso de la reducción para cumplir con Kioto

La ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona se mostró ayer "muy satisfecha" por el "paso definitivo" que para el Protocolo de Kioto significa la ratificación rusa. Para cumplir con los objetivos de este acuerdo, que España ratificó en 2002, el Gobierno aprobó en septiembre pasado el Plan Nacional de Asignación de Emisiones. Su objetivo es contener y estabilizar los gases de efecto invernadero entre los años 2005 y 2007. Quedan para después las medidas más duras. El acuerdo obliga a España a limitar entre los años 2008 y 2012 el crecimiento de estos gases a un 15% sobre la cifra registrada en 1990 (330 millones de toneladas anuales como máximo). Ahora mismo ya se superan en un 40% las emisiones de aquel año.

La ratificación de Rusia supone que "el Protocolo de Kioto entra en vigor con carácter internacional", indicó Cristina Narbona en declaraciones a Europa Press. "Ya no hay excusas para seguir manteniendo dudas sobre la necesidad de seguir adelante con el protocolo", añadió. La titular de Medio Ambiente conoció esta decisión cuando presidía la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se celebra desde ayer en Mérida. Al igual que la ministra, los consejeros autonómicos manifestaron su satisfacción por la noticia.

Ahora el paso inmediato en la vía hacia el cumplimiento de los objetivos de Kioto es el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, elaborado contrarreloj por el Ejecutivo socialista. Tiene todavía puntos pendientes, ya que el Ejecutivo aún tiene que asignar a cada una de las 1.066 instalaciones industriales afectadas las cuotas de emisión de gases de efecto invernadero. En ese periodo de entrenamiento (2005-2007), el Gobierno ha establecido la cantidad de 401,34 millones de toneladas de promedio anual como la cantidad máxima a emitir de gases (dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y tres gases industriales).

De esa cifra global, 160,28 millones de toneladas se adjudican a los sectores marcados por la directiva europea de recorte de emisiones: sector eléctrico, refinero, cementero, siderúrgico, papelero, de la cal y del vidrio-cerámica. Es un objetivo modesto ya que supone una reducción del 0,2% sobre las cifras reales de emisión de gases en un país que a día de hoy, supera en un 40% las cifras de contaminación de 1990.

Lo más duro, por lo tanto, está por llegar. Será a partir de 2008 cuando España tendrá que tomar medidas para cumplir con los objetivos aprobados por el Parlamento. Pese a los modestas cuotas del periodo 2005-2007, las empresas, con alguna excepción notable, han puesto el grito en cielo por los costes que, según aseguran, les supondrá cumplir con las nuevas exigencias medioambientales. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el precio de esas medidas adoptadas para el conjunto de la industria será de unos 85 millones de euros anuales. La cifra se multiplica por 50 en algunos estudios de parte encargados por determinados sectores.

Pero, a pesar de que lo más espectacular y polémico ha sido la repercusión del plan en el sector industrial, lo más importante es cómo va actuar el Gobierno en los llamados sectores difusos (transporte, sector residencial...), que son los responsables del 60% de la contaminación que se emite a la atmósfera y que no están afectados por la directiva comunitaria. Ahí, todo el trabajo está por hacer. Y de ese trabajo depende que España cumpla o no con los objetivos.

De momento, el Ministerio de Industria ha adelantado su propósito de revisar el Plan de Fomento de las Energías Renovables que elaboró el Gobierno del PP. La idea es aumentar los objetivos de producción de energía limpia hasta 2010 y en especial la energía eólica. En este apartado, el objetivo para 2010 crece un 53% (de 13.000 a 20.000 megavatios).