Deuda, educación y desarrollo

Cualquiera que sea el concepto de desarrollo que se asuma, la cultura desempeña un papel central. El reconocimiento del carácter constitutivo de la cultura ha hecho posible plantear alternativas a unos estilos de desarrollo concebidos exclusivamente a partir del crecimiento económico, medido por la expansión acelerada y sostenida del PIB per cápita.

A nivel internacional fue la Conferencia de Jomtien (1990) la que, inaugurando un decenio de Educación para todos, recogería este giro y, confiriéndole a la educación un valor esencial para el desarrollo cultural, establecería orientaciones de política para la transformación de los sistemas educativos, definiendo acciones y objetivos a alcanzar en el año 2000. En lo regional, el documento Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, de la Cepal-Orealc (1992), subrayaría el alcance del proceso transformador.

Las asimetrías globales se proyectan en los países, en América Latina particularmente

Tras las cifras se desmoronan niveles de escolaridad, derechos elementales, esperanza de vida

Los beneficios derivados de la educación alcanzan cuestiones tan diversas como la capacidad para salvar vidas (en referencia a la alimentación adecuada, la atención sanitaria, la salud reproductiva o la fertilidad); para consolidar la democracia, generar "empoderamiento" ciudadano, instituir valores e identidades; para corregir efectos sobre la distribución de la renta y extender la justicia social, propiciando mayor integración y movilidad social. La vinculación entre años de escolaridad y calidad de la educación también se encuentra asociada al crecimiento económico, a la capacidad de emprendimiento, al rendimiento productivo y a la adaptación a los nuevos conocimientos y tecnologías.

Por ello, días pasados, cuando los mandatarios reunidos en la Cumbre contra el Hambre y la Pobreza llamaron la atención sobre la urgencia de avanzar en acciones internacionales capaces de combatir el hambre, superar la pobreza, e incrementar la financiación para el desarrollo, el relego en materia educativa que presentan la mayoría de los países en desarrollo volvió a ocupar un lugar estratégico en las agendas políticas.

Este llamamiento, que como ha manifestado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, busca llevar adelante "iniciativas políticas audaces para repartir la riqueza por igual en todo el planeta", se produce en un contexto en el que las metas planteadas en la Cumbre del Milenio y en el Consenso de Monterrey corren serio riesgo de verse incumplidas. Según el Banco Mundial, el 20% más rico de la población, que en 1960 controlaba el 70% de la riqueza, en torno a 1995 hacía suyo el 86%, mientras que el 20% más pobre pasaba de quedarse con el 2,3% al 1,3%.

Detrás de estas cifras se desmoronan la esperanza de vida, los niveles de escolaridad, los derechos más elementales de las personas y en particular de las mujeres y de los niños, la igualdad de oportunidades, los "colchones de la seguridad" y la cohesión social, la preservación del medio ambiente y la diversidad cultural, se disparan los desplazamientos y los flujos migratorios y se socavan las bases para hacer viable un proyecto económico, social y político para todos.

Como en un espejo, estas mismas asimetrías globales se encuentran proyectadas al interior de los países, particularmente en América Latina, el continente más desigual, cuyos índices de pobreza y exclusión dejan fuera de cualquier integración económica a cerca de 200 millones de personas. Un continente que, tras las crisis mexicana (1994), asiática (1997), rusa (1998), brasileña (1999) y argentina (2001), ha completado en 2002, cinco años en los cuales los pagos de intereses superaron el endeudamiento externo. Este hecho que, como ha recordado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), supuso una transferencia neta de recursos hacia el resto del mundo, exportando capitales por valor de 39.000 millones de dólares (lo que equivale al 2,4% del PBI de la región), no se registraba desde los años ochenta.

Ante este panorama, donde las limitadas capacidades de financiación del gasto público encuentran un alto volumen de responsabilidades sociales para atender, se acentúa la ya crítica situación por la que atraviesa la educación en América Latina, donde "el servicio de la deuda", según un informe de la ONG Economistas sin Fronteras, "supera al gasto en educación en al menos 12 países de los 23 que forman Iberoamérica y en 13 a lo gastado en sanidad. En no menos de 6 de estos países, el servicio de la deuda es superior incluso a lo gastado en las dos partidas juntas".

Se hace necesario entonces multiplicar las fuentes de recursos. Esto no significa desestimar la importancia de resolver los problemas derivados de la ineficiencia en la utilización de los recursos actuales. Al contrario, incorporando componentes de evaluación que permitan medir, mostrar y comparar resultados concretos, se trata de movilizar recursos adicionales que hagan factible mantener los niveles de inversión educativa requeridos -particularmente en lo que respecta a la atención a la primera infancia, a la escolarización total de la secundaria y a la alfabetización de adultos-, para dar cuenta así de la dinámica que las transformaciones de los sistemas educativos latinoamericanos exigen.

La cuestión relativa al sobreendeudamiento y sus consecuencias para hacer viable y sostenible cualquier proyecto de desarrollo, ha sido retomada con fuerza ante la Cumbre contra el Hambre y la Pobreza por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido ha señalado que "España, más allá de nuestro compromiso con la iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados, se implicará activamente en operaciones de canje de deuda por iniciativas de desarrollo social, especialmente en el campo de la educación primaria".

Todo hace pensar que mejorar o aumentar la asistencia no será suficiente. Por eso, la cumbre ha recomendado buscar "mecanismos innovadores de financiación". Por su parte, los ministros de Educación, reunidos en la XIII Conferencia Iberoamericana de Educación (Tarija, 2003) y, la declaración La inclusión social, motor del desarrollo de la Comunidad Iberoamericana, suscrita por los jefes de Estado y de Gobierno en la XIII Cumbre (2003), recogiendo anteriores declaraciones, han hecho referencia a "explorar la viabilidad y puesta en marcha de estrategias, iniciativas e instrumentos de conversión de la deuda externa por inversión en educación, ciencia y tecnología".

Unos y otros, al referirse expresamente al "canje de deuda por educación", han abierto las puertas a un nuevo camino a recorrer. Un camino que haga efectiva la construcción de políticas de cooperación coherentes entre el esfuerzo de los países desarrollados y el empeño de aquellos comprometidos por la deuda externa, para así construir un futuro posible para todos.

Las palabras del presidente Rodríguez Zapatero, su compromiso en pos de un mundo más justo es un llamado a la responsabilidad de los países más poderosos de la Tierra y un portal de esperanza que se abre para los pueblos necesitados.

Francisco Piñón es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos.