El Gobierno catalán aumenta más de un 10% el presupuesto de Educación

Cuando tomó las riendas de la Generalitat, Pasqual Maragall anunció que una de sus prioridades iba a ser la educación. El actual conseller en cap, el republicano Josep Bargalló, fue el primer titular del Departamento de Enseñanza y le cambió el nombre a Educación "Enseñar suena a adiestrar", dijo. El principal problema que tuvo que afrontar fue la vieja dicotomía entre escuela pública y privada, cultivada con esmero por el nacionalismo pujolista. Y la solución fue romperla, desmontando las barreras entre dos sectores que se nutren de la financiación pública. No en vano, Educación cuenta este año con un presupuesto de 3.375 millones de euros -lo que representa un 10% más que el del pasado año-, de los cuales, aproximadamente, 780 están destinados a pagar los conciertos a las escuelas privadas. "Los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos deben trabajar en la misma línea que la red pública", explica un portavoz del departamento.

37 centros nuevos

Desde el Departamento de Educación, no obstante, hacen hincapié en que la labor de la Administración catalana se sigue centrando en la escuela pública, y subrayan que, desde su llegada al Gobierno, los centros públicos han recibido las ayudas del Plan de Cohesión Social, han visto reforzado el cuerpo de profesorado con 2.200 docentes más, se han estrenado 37 centros de nueva construcción por un valor de 416 millones de euros, se han destinado 82 millones de euros en concepto de becas de transporte escolar y comedor, lo que supone un aumento de más del 10% con respecto al pasado año.

Los sindicatos mayoritarios, CC OO, UGT y USTEC-Stes, sin embargo, piden más medios y un mayor esfuerzo de financiación para garantizar una enseñanza de calidad para todos los alumnos.

El objetivo es complejo porque la decisión de aunar esfuerzos entre la doble red educativa no es una cuestión marginal, al menos no en Cataluña, donde el 40% de sus estudiantes acuden a centros concertados. Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue la puesta en marcha de oficinas de información escolar en todos los municipios catalanes, que, de esta forma, simplificaban y hacían más transparente el proceso de selección de escuelas por parte de las familias, incluidas las de procedencia inmigrante. Otra decisión que ya se ha aplicado en este curso 2004-05 fue la aprobación del derecho de admisión de alumnos, donde la Administración interviene de forma más directa en los procesos de escolarización. Esta medida chocó con las protestas de las patronales de la concertada y con las asociaciones de padres de estos centros, que consideran vulnerado su derecho a elegir centro.

Otra iniciativa para trabajar en una misma dirección es el Plan de la Lengua y Cohesión Social, dotado con 36 millones de euros, de los cuales 1.800.000 son para escuelas concertadas, aunque las patronales de estos centros piden mayor financiación. El objetivo es la puesta en marcha de aulas de acogida para los estudiantes de procedencia extranjera. La voluntad de primar a los centros concertados que acojan a mayor número de estudiantes de nacionalidad extranjera es una medida que contempla aplicar también el Gobierno central, según anunció la semana pasada la ministra de Educación, María Jesús San Segundo. La medida quiere evitar la formación de guetos en los colegios públicos y distribuir mejor la labor de integración.

Y es que, en la mayoría de comunidades autónomas, son los centros públicos los que asumen la responsabilidad de escolarizar este tipo de alumnado. En Cataluña, el 80% de estos estudiantes acuden a centros de titularidad pública.

El desequilibrio en esta responsabilidad conlleva, además, otras consecuencias negativas: un estudio de la Fundación Jaume Bofill atribuyó a la "inacción" y a la "permisividad" de los sucesivos gobiernos de Convergència i Unió (CiU) la polarización de los resultados educativos entre los sectores público y privado, a favor de este último.