Salud anuncia una multa de hasta 600.000 euros por propagar la legionela

El brote de legionela registrado el pasado verano en el barrio de Vallcarca de Barcelona, que afectó a 30 personas y causó dos muertes, podría acabar en la mayor sanción de la historia de Cataluña por un delito grave contra la salud pública. La clínica Delfos, propietaria de las cuatro torres de refrigeración ilegales que propagaron la bacteria, afronta el pago de una multa de hasta 600.000 euros además de los gastos causados por la hospitalización de las víctimas.

Los últimos análisis han confirmado lo que el Departamento de Salud sospechaba ya desde el pasado 30 de agosto: el brote de legionela que mantuvo en vilo a los vecinos de Vallcarca el pasado verano fue causado por el mal estado de conservación de cuatro torres de refrigeración de la clínica Delfos. Estas torres, además, eran ilegales, ya que no estaban inscritas en el registro municipal. Y todo apunta a que los responsables de la clínica pagarán caro por ello.

El director general de Salud Pública, Antoni Plasencia, anunció ayer que la Generalitat está trabajando para imponer a la clínica Delfos una multa "ejemplar" por "haber provocado daños muy graves para la salud".

Para hacerlo piensa ampararse en la Ley de Protección de la Salud, aprobada en abril de 2003, que establece que, si como resultado de haber incumplido la normativa se provocan daños muy graves para la salud, como es el caso, permite imponer sanciones de hasta 600.000 euros.

Sanción récord

En caso de aplicarse esta multa, que hasta 400.000 euros debería fijar la propia Generalitat y a partir de esta cifra dependería del Gobierno central, "se trataría de la sanción más alta de este tipo que se ha impuesto nunca en Cataluña", aseguró Plasencia. Ahora los servicios jurídicos del Departamento están trabajando para concretar las formalidades y la cuantía de la sanción pero ya dan por hecho que saldrá adelante.

Además, los técnicos están calculando cuál fue el coste de la hospitalización y el tratamiento de los 30 afectados, para "poder recuperar este dinero" a través de la vía administrativa, señaló Plasencia. "Nuestros servicios jurídicos están estudiando cómo reclamar estos fondos para que el coste provocado por el brote no tengan que asumirlo las arcas públicas", explicó Plasencia, quien recordó que el Servicio Catalán de la Salud tiene "bien calculado" cuánto cuesta cada día de estancia en el hospital o en las unidades de cuidados intensivos.

Pero las sanciones no acaban aquí. La Agencia de Salud Pública de Barcelona, participada por el Ayuntamiento y la Generalitat, ya ha decidido imponer a la clínica Delfos una sanción de 60.000 euros tras haber detectado tres faltas graves en referencia al cumplimiento de la normativa del mantenimiento de las torres de refrigeración.

El gerente de la agencia, Joan Guix, explicó que estas torres no fueron declaradas, que el centro no disponía de los mapas de estas instalaciones y que tampoco existía un libro de registro sobre su mantenimiento. Cada una de estas faltas supone una multa de 20.000 euros. En total, 60.000.

El conjunto de sanciones y actuaciones anunciado ayer, sin embargo, se congelaría si los afectados o sus familiares decidiesen acudir a la vía penal para defender sus intereses. De momento esto no ha ocurrido.

Ana María Mataró, hija de uno de los fallecidos, explicó ayer a este periódico que sus allegados prefieren mantener el pleito en el ámbito civil. Según Mataró la actuación de la clínica Delfos no puede quedar sin castigo: "Consideramos muy grave que un centro sanitario no tenga controladas sus instalaciones y que en lugar de ayudar a la sociedad le cause daño".

Los responsables de la clínica Delfos no quisieron ayer hacer ningún comentario sobre el anuncio hecho por los responsables de Salud. Una portavoz del centro afirmó que sus responsables no habían recibido ayer ninguna "comunicación oficial" sobre la decisión tomada por las administraciones.

Lo que sí trascendió es que esta clínica privada ha presentado varias alegaciones a la multa de 60.000 euros que ya le ha impuesto la Agencia de Salud Pública. El gerente de esta administración, sin embargo, ya anunció ayer en rueda de prensa que "lo más probable es que no sean aceptadas".