La Seguridad Social prevé en 2005 un alza de 400.000 cotizantes

La Seguridad Social prevé incrementar su número de cotizantes en 400.000 trabajadores ocupados el próximo año. Ese refuerzo contribuirá a que las arcas del sistema público vayan a obtener un superávit de 5.999 millones de euros (el 0,71% del PIB) y no incluye la regularización de inmigrantes que se espera del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería. Pese al excedente de fondos, el Gobierno descarta con rotundidad una rebaja generalizada de cuotas.

Los presupuestos de la Seguridad Social son algo más optimistas que los del Estado y recogen para 2005 un incremento de cotizantes superior a la creación de empleo: 331.900 puestos de trabajo, lo que supone un aumento del 2%. Esa cifra se eleva hasta 400.000 cotizantes de acuerdo con la información facilitada ayer por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien presentó los presupuestos del sistema público junto al ministro de Trabajo, Jesús Caldera. A ese aumento de afiliados ocupados se puede sumar un número importante de inmigrantes regularizados, que la reforma del Reglamento de Extranjería pretende integrar en el sistema de Seguridad Social, formada en estos momentos por 17.073.043 cotizantes (según el último dato de agosto).

Caldera prevé que el paro se reduzca en medio punto, una estimación también más optimista que la de Economía, ya que el cuadro macroeconómico refleja para 2005 una tasa de desempleo del 10,8%, con una reducción de tres décimas respecto al 11,1% de 2004.

Pese a la acumulación de superávit en la Seguridad Social por séptimo año consecutivo, Caldera, aseguró ayer que no habrá una rebaja generalizada de cuotas, aunque sí las bonificaciones selectivas que ahora se aplican por la contratación fija de colectivos con problemas, como parados, mujeres, jóvenes y minusválidos, y los ajustes que se acuerden fruto del diálogo social con los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEOE.

También está previsto una rebaja de cuotas para los jóvenes menores de 30 años que se inicien como autónomos, según el acuerdo alcanzado por el Gobierno con las organizaciones del sector. La bonificación será del 25%, de forma que el Servicio Público de Empleo (el antiguo Inem) complementará el dinero que no aporta el autónomo al sistema, con el fin de que no sufra merma en las prestaciones.

Esas novedades se incluyen en el presupuesto de la Seguridad Social, que supone un tercio del gasto de todas las administraciones públicas, y que asciende a 90.282 millones de euros, un 9,62% más que en 2004. El superávit del sistema (5.999 millones, un 0,71% del PIB) permitirá una mejora de las pensiones más bajas. El incremento general del 2% para las prestaciones de la Seguridad Social se elevará hasta el 6,5% en el caso de los titulares con cónyuge a cargo, al 5% para las prestaciones de viudedad y jubilación sin cónyuge a cargo y al 3% para las pensiones no contributivas. Esos incrementos se actualizarán cuando se conozca la desviación de la inflación en 2004 con el dato de noviembre. El coste de la mejora de las pensiones mínimas es de 430 millones, y la revisión por la pérdida de poder adquisitivo supone 120 millones por cada décima.

Separación de fuentes

Ese sobrecoste se compensa prácticamente con la mayor aportación del Estado para atender los complementos de mínimos, que se eleva en 300 millones de euros y alcanzará 1.206 millones. Eso supone que todavía las cotizaciones financian casi 3.000 millones en complementos de mínimos, que el Pacto de Toledo define como prestación que se debe costear vía impuestos. La previsión del ministro Caldera es que la separación completa de las fuentes de financiación se culmine en el año 2012, aunque ayer precisó que "si hay margen mi Gobierno desearía adelantarlo".

El superávit previsto por la Seguridad Social se destinará "prioritariamente" a nutrir el Fondo de Reserva, que en 2005 llegará a 25.000 millones de euros, y recibirá inicialmente una dotación de 5.351 millones.

Para políticas sociales, los presupuestos incluyen un aumento del 7,6% en las dotaciones al programa de ayuda a atención de mayores y un incremento del 11,5% en las correspondientes al de atención de la infancia, con el fin último impulsar la conciliación de la vida laboral y familiar. Así lo detalló ayer Caldera en el Senado, quien subrayó que facilitar la conciliación de trabajo y familia constituye un "objetivo clave de la política social" del Gobierno que, según aseguró, "continuará impulsándola, fundamentalmente a través del diálogo social, porque muchas de las medidas a impulsar se financian con el conjunto de cotizaciones que aportan trabajadores y empresarios a la Seguridad Social".