Mayores recursos para políticas sociales

Para un Ejecutivo de izquierdas cuya prioridad -según recoge el Pacto Tripartito de Gobierno- son las políticas sociales, la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Partido Popular no deja de ser un pesado lastre. Si a esta circunstancia se añade la situación financiera heredada de la anterior Administración de Convergència i Unió y una galopante y creciente deuda sanitaria, el tripartito catalán se ha encontrado con escaso margen de maniobra y ha tenido que recurrir a la subida de impuestos y a la ingeniería financiera para dar un respiro a sus cuentas.

La auditoría que el Gobierno de Pasqual Maragall encargó nada más tomar posesión arrojó unos números rojos alarmantes: casi 3.000 millones de euros de hipoteca, de los que casi tres cuartas partes corresponden a la sanidad. Cataluña arrancó del Consejo de Política Fiscal y Financiera su beneplácito para prolongar el déficit público hasta 2007 por esa grave situación.

El consejero de Economía, Antoni Castells, ya contaba con redactar un propio plan de estabilidad presupuestaria para Cataluña. Ahora, el anuncio del Gobierno central dará un balón de oxígeno a la Administración catalana pues eliminará la férrea disciplina presupuestaria impuesta por el PP y le permitirá llevar a cabo una política social acorde con sus compromisos electorales.