La demanda de alimentos a Cáritas crece el 80% por el aumento de la pobreza

El disparatado precio de la vivienda, la precariedad laboral y la carestía de los alimentos está pasando factura a un amplio sector de la población y cada día son más los que para sobrevivir no tienen más remedio que acudir a ONG como Cáritas. Esta organización denunció ayer que este año ha tenido que afrontar un incremento de la demanda de alimentos del 80% y recordó que dos de cada 10 barceloneses viven en la pobreza, cifra que no deja de crecer.

Cáritas recordó que el mismo concejal de Bienestar Social de Barcelona, Ricard Gomà, ha admitido esta semana que el 20% de los barceloneses viven en la pobreza. Ante esta situación, los responsables de esta ONG católica han solicitado oficialmente la instauración de una renta básica universal para que todo el mundo tenga "lo que es justo para vivir". La consejera de Bienestar Social, Anna Simó, y también Ricard Gomà han apoyado la idea en los últimos días y Cáritas pide ahora que las administraciones pasen a la acción inmediatamente.

Y es que sólo en la ciudad de Barcelona hay más de 300.000 personas con serios problemas para cubrir sus necesidades básicas: comer y dormir bajo un techo digno. En lo que va de año Cáritas ha visto dispararse el 46% la demanda de sus servicios.

"Estamos asustados"

La demanda de alimentos ha crecido el 80%; la de vivienda temporal, el 43%, y las ayudas económicas a personas con problemas han tenido que incrementarse como nunca. De 500 euros de media que se pagaban en 2003, la cifra ha tenido que pasar este año a 593 a causa del encarecimiento de los alquileres y los alimentos.

"Familias que nunca habrían imaginado caer en la marginación ya no llegan a final de mes y deben acudir a organizaciones como la nuestra; cada vez que echamos cuentas estamos más asustados", dijo ayer a este diario la directora de Cáritas, Núria Gispert, que añadió: "Hay una pobreza oculta que se está extendiendo y contra la que no podremos luchar si las administraciones no afrontan directamente el problema y cambian sus políticas sociales".

En este sentido, el establecimiento de una renta mínima para todas las personas es una de las pocas salidas que ve Gispert. "Somos muchas las organizaciones que pedimos lo mismo, las administraciones deberían escucharnos", dijo. "Lo que no podemos pensar es que nuestros pensionistas puedan vivir con 274 euros al mes", concluyó.