Bono intenta reactivar las ventas de material de defensa a Chile

El ministro de Defensa, José Bono, llegó ayer a Santiago de Chile junto a una delegación de 42 dirigentes de empresas de industrias militares, en una misión dirigida a incrementar la cooperación entre ambos países y, a ser posible, reactivar la venta de material español a las Fuerzas Armadas de Chile. Después, el presidente de la República, Ricardo Lagos, invitó al ministro a la recepción en el palacio de la Moneda con motivo del Día de la Independencia de Chile, y la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, agradeció la visita en un almuerzo.

Bono impulsará mañana la firma de un memorando de entendimiento para la "cooperación en el dominio industrial y del material de equipamiento de defensa". Las principales empresas españolas del ramo acompañan al ministro, quien les ha llevado en el avión de la Fuerza Aérea Española. Entre los presidentes de compañías está el de los astilleros de Izar, Juan Pedro Gómez. También han viajado ocho senadores en representación de todo el arco parlamentario.

La venta de material de defensa de empresas españolas a las Fuerzas Armadas chilenas ha sufrido los avatares tanto del caso Pinochet como de las restricciones presupuestarias locales. En 1999, el contrato de adquisición de la Armada chilena de dos submarinos Scorpene a un consorcio hispano-francés (una operación de unos 30.000 millones de pesetas de la época) pudo quedar en el aire como represalia por la detención de Pinochet en Londres, a instancias de una orden internacional cursada por el juez Baltasar Garzón y ejecutada el 16 de octubre de 1998. Con todo, el contrato se salvó y los submarinos son construidos en el astillero de Cartagena. "La Armada nunca fue incondicional de Pinochet. Por ello, amagó alguna represalia, pero no hasta el punto de cancelar los contratos", dijo ayer una fuente militar.

Los empresarios españoles no ocultan, en voz baja, que el juez Garzón ha vuelto a cruzarse en medio de esta misión a Chile, ya que el pasado 16 de septiembre dictó un auto ampliando la querella contra Pinochet, originalmente por delitos de genocidio y tortura, a los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Dicha resolución, solicitada por la acusación particular en el caso, aspira a embargar fondos que Pinochet y su familia, según una investigación del Senado norteamericano sobre el banco Riggs, mantenían en cuentas bancarias a nombre de empresas en paraísos fiscales (Bahamas), en España, Reino Unido y Estados Unidos. La decisión de Garzón ha provocado irritación en algunos estamentos militares. El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, ha realizado días atrás una visita personal a Pinochet, tras ser internado durante algunos días en el Hospital Militar de Santiago.

España está entre los primeros inversores en Chile, con una inversión directa de 8.396 millones de euros en 2002.