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Caldera reitera el compromiso del Gobierno sobre el Archivo de Salamanca

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, reiteró ayer el compromiso del Gobierno para "reforzar y ampliar" la sede estatal del Archivo de Salamanca, aunque calificó de "estimables" las opiniones de quienes consideran que no altera su unidad la salida de algunos documentos anteriores a la Guerra Civil. Caldera compareció en rueda de prensa en el palacio de La Moncloa tras participar en una entrevista del alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro insistió en el compromiso del Gobierno de no adoptar ninguna decisión sobre el Archivo antes de escuchar a todas las partes implicadas.

"El Archivo es estatal y seguirá estando en Salamanca", dijo Caldera, diputado por Salamanca, quien afirmó que "jamás se desmantelará" ese fondo documental, y recordó que documentos estatales relativos al periodo de la Guerra Civil permanecen diseminados en 11 archivos. Caldera señaló que, sin comprometerse con la decisión final, "una de ellas podría ser" la salida de algunos documentos anteriores a la Guerra Civil, y aseguró que algunos miembros del PP han considerado esa posibilidad como "no lesiva para el mantenimiento del Archivo". El ministro dijo que en los trabajos previos de la comisión de 15 expertos que estudian el tema existen "importantes aproximaciones que permiten albergar con esperanza la solución a este conflicto".

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, trasladó a Zapatero la "especial sensibilidad" que existe en su ciudad por la "integridad" del Archivo. Para Lanzarote, el Archivo debe seguir en Salamanca "unido y protegido". El alcalde mostró su escepticismo sobre un acuerdo en la comisión y consideró que la salida de algunos fondos documentales del Archivo supondría un "gravísimo precedente".

El conseller en cap de la Generalitat, Josep Bargalló, insistió ayer en la necesidad de que "los papeles de Salamanca vuelvan a Cataluña". La consejera de Cultura, Caterina Mieras, recordó que tras la reunión del pasado 17 de junio, la Generalitat y el Gobierno "comparten criterios y objetivos".

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