Un duelo judicial por la eutanasia

Terri Schiavo se deslizaba hacia su muerte, seis días después de que le retiraran las sondas que la habían mantenido viva durante 13 años, cuando el gobernador de Florida, Jeb Bush, ordenó que la revivieran. Era la primera vez en EE UU que un político intervenía en un proceso de eutanasia, en este caso en medio de una encarnizada disputa familiar entre el marido, que quería desconectarla, y los suegros que le acusan de querer matarla por dinero. El drama político-familiar está desde esta semana en manos del Tribunal Supremo de Florida y ha reactivado el debate nacional sobre la muerte asistida.

¿Es la eutanasia un asunto de familia, o debe inmiscuirse el Gobierno cuando el enfermo no ha dejado constancia de su voluntad? Y si es lo primero, ¿cómo se define la familia, por vínculos de sangre o de matrimonio? Sobre esas dos preguntas gira el duelo judicial y el de la opinión pública. Los magistrados deberán decidir además si los poderes legislativo y ejecutivo se unieron en contra del judicial, violando la Constitución de Florida, al aprobar en menos de 24 horas una ley que permitía al gobernador intervenir en el caso de Terri.

Jeb Bush, católico devoto al igual que los padres de Terri, detuvo el proceso el pasado octubre como "última opción moral", después de que la justicia se hubiera pronunciado a favor del marido, Michael Schiavo. Éste sostiene que su mujer le pidió que no la prolongaran artificalmente la vida si algún día caía en coma. El problema es que él no reveló ese supuesto testamento oral hasta 1998, después de cobrar una millonaria indemnización por negligencia de los médicos que supervisaban la dieta de adelgazamiento de Terri cuando una bajada de potasio le provocó un ataque de corazón. Hasta entonces Schiavo había estado de acuerdo con sus suegros, Robert y Mary Schindler, en intentar rehabilitarla.

Las dos ramas de la familia se enzarzaron a partir de ese momento en un pleito campal. Schiavo, que ya vivía con otra mujer con la que tiene dos hijos, llegó incluso a prohibir a los Schindler ver a Terri, pero los jueces restablecieron las visitas. A escondidas del marido, los padres filmaron un vídeo en el que Terri sonríe y gesticula cuando la acarician, que luego aportaron como prueba de que su hija podía recuperarse con la terapia debida. Pero los médicos no se pusieron de acuerdo y los jueces le dieron la razón al marido.

Cuando la familia agotó todos los recursos legales trasladó su batalla a los medios de comunicación. El caso desató un apasionado debate en el que, al menos en apariencia, el bando a favor de "salvar" a Terri hizo más ruido, a juzgar por las manifestaciones y los cientos de miles de cartas que llegaron al Congreso de Florida. Los legisladores respondieron con la aprobación de una ley de urgencia que autorizaba al gobernador Bush a reconectar las sondas de alimento. El marido demandó al gobernador y el pleito ha llegado al máximo tribunal de Florida, aunque es posible que la última palabra la pronuncia el Supremo de EE UU.

La legislación que permitió a Bush intervenir sólo se refiere a casos en que el paciente no haya expresado su voluntad por escrito, se encuentre en estado vegetativo y un familiar se oponga a que le retiren las sondas de alimentación. Exactamente la situación de Terri. Esto es lo que ha suscitado polémica, dado que el ámbito de aplicación no es muy amplio.

Los magistrados del Supremo parecieron expresar dudas sobre la constitucionalidad de la ley Terri, como se la conoce en Florida, a juzgar por sus comentarios en la vista oral celebrada la semana pasada. "¿No es cierto que, bajo el principio cardinal de separación de poderes, un cuerpo legislativo no puede revertir una decisión judicial tomada por un tribunal?", preguntó el magistrado Charles T. Wells a los abogados de Bush. La Constitución de Florida protege el derecho de los pacientes en estado terminal a "morir con dignidad".

A nivel nacional no existe legislación ni proyectos de ley que contemplen alguna vía de facilitar la muerte a enfermos sin posibilidad de cura. El único Estado de EE UU en el que es legal el suicidio asistido es Oregón. La ley que rige desde 1998 permite a enfermos adultos a los que les queden menos de seis meses de vida solicitar fármacos letales a sus médicos. Una de cada mil personas que muere en Oregón se ha acogido a esa opción, en total han sido unas 190.