Los veloces derechos civiles

La decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de mantener abierto un proceso de diálogo todo lo ancho y todo lo largo que pueda, es decir, al mayor número posible de partidos y durante el periodo de tiempo más dilatado que pueda, se traducirá esta semana en el inicio de una nueva ronda de conversaciones con los dirigentes de los distintos partidos políticos.

La ronda (que empieza una vez que ha acabado la gira del ministro Jordi Sevilla y del propio Zapatero con los presidentes de comunidades autónomas) incluirá la entrevista solicitada por el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y servirá para tratar, sobre todo, temas relacionados con política territorial y política europea e internacional.

Los sectores más abiertos del PP temen los "tirones" de la jerarquía de la Iglesia y la reacción de sus dirigentes vinculados a organizaciones religiosas

La noticia no ha caído nada bien en el PP, que no quiere verse incluido en ninguna ronda, sino que lucha para acotar los temas territoriales a un escenario puramente bilateral. "Rajoy ya se mostró irritado por este mismo asunto en la primera entrevista que mantuvo con Zapatero, porque el presidente del Gobierno se negó a aceptar un planteamiento bilateral. Ésta es la segunda vez que Zapatero le lleva a un autobús común", se queja un diputado popular vinculado a la dirección del partido.

"No creemos que los temas territoriales sean exclusivamente un asunto del Gobierno y del PP. Todos los partidos tienen algo que aportar a este debate", replica un dirigente socialista. La situación no tiene nada que ver, asegura, con la de los pactos autonómicos anteriores entre PP y PSOE que trataban sobre repartos competenciales y no sobre reformas de fondo.

"El problema con el que nos enfrentamos es quedar atrapados este otoño en debates de los que Zapatero llama "asuntos sociales" (divorcio, matrimonio homosexual, etcétera) mientras que el debate territorial se aleja en el tiempo y se diluye", explica otro analista del PP.

A la espera de la celebración del Congreso del PP, cuyo objetivo no parece ser tanto articular nuevas propuestas como consolidar el liderazgo de Mariano Rajoy y poner en marcha un nuevo organigrama, el principal partido de la oposición se va a enfrentar, efectivamente, a la política de "desarrollo de los derechos civiles" que promueve Rodríguez Zapatero. Esta misma semana llegará al Congreso de los Diputados el proyecto de ley para simplificar los trámites de divorcio, y es muy posible que antes de fin de mes llegue también el proyecto de ley que regule el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Alto apoyo sociológico

Este último proyecto es el que provoca mayor malestar en un sector del PP. El matrimonio homosexual está ya aceptado y regulado legalmente en Holanda y en Bélgica, para nacionales y residentes, pero provoca un rechazo de plano en el Vaticano y en algunos miembros de la dirección popular que están personalmente integrados en organizaciones religiosas.

Otro sector del PP, por el contrario, no apoya el matrimonio homosexual, pero tampoco querría que el partido, o personalidades del mismo como José María Michavila, se "enredaran" demasiado defendiendo a ultranza las mismas posiciones que la jerarquía católica. "El problema no son nuestros militantes, sino el electorado en un sentido más amplio", explica un diputado popular que se declara "aconfesional".

Los sondeos desarrollados por el CIS indican que la igualdad de derechos de los homosexuales tiene en España un apoyo superior al que suscita, por ejemplo, en Suecia. "La jerarquía cometería un error si se empeña en pegar demasiados tirones en la dirección del PP, y nosotros también nos equivocaríamos si reaccionáramos por exceso", comenta el mismo parlamentario. La dirección del partido no ha indicado, por el momento, qué tipo de respuesta piensa promover, reconoce.

Tampoco está clara la reacción de la Conferencia Episcopal ante el conjunto de medidas "civiles" y laicas que el Gobierno pretende aprobar con rapidez. Tradicionalmente, las respuestas más tajantes (y activas) de la Iglesia católica española se han producido en temas relacionados con la financiación pública de sus escuelas y de la propia organización religiosa, y esos dos temas no están sometidos a revisión.

Sin embargo, la jerarquía ya ha anunciado que el matrimonio homosexual, unido al anuncio del Gobierno socialista de que pretende pagar directamente a los profesores de religión, y no como sucede ahora, a través de los obispados, son materias "sensibles".