La Guardia Civil no halló anomalías tras inspeccionar la mina del explosivo del 11-M

La Guardia Civil de Asturias investigó hasta octubre de 2003 la existencia en Avilés de una trama de tráfico de explosivos y drogas, liderada por José Emilio Suárez Trashorras, sin lograr resultado alguno. Un informe del instituto armado remitido ayer a la comisión que investiga el 11-M en el Congreso afirma que las pesquisas fueron comunicadas a la fiscalía, que no apreció base para pincharle los teléfonos. Los agentes, además, inspeccionaron en varias ocasiones la mina de Caolines de Merillés, de donde fueron robados los explosivos, sin hallar "anomalía alguna".

El informe asegura que el 27 de febrero de 2003, la Unidad Central Operativa envió una nota informativa a la jefatura de Asturias, en la que se aseguraba que gracias a la "fuente A-1", es decir, Rafá Zouhier, se había sabido que "Antonio Toro Castro [cuñado de Trashorras] poseía 150 kilos de explosivos y traficaba con drogas". Los agentes hicieron reconocimientos en el entorno de los domicilios de Toro y Suárez y los sometieron "a seguimientos y vigilancias", pero no observaron "actividades ilícitas".

La Guardia Civil asegura que, con lo obtenido hasta entonces, un capitán de la comandancia de Oviedo se entrevistó "con los fiscales de Avilés" para informarles de la investigación y para pedirles "asesoramiento sobre la forma de judicializarla para obtener intervenciones telefónicas". Según el informe, los fiscales respondieron "que con lo obtenido hasta el momento no era posible fundamentar un mandamiento de entrada y registro o de intervención telefónica".

La investigación se orientó, en mayo, hacia el tráfico de drogas, porque parecía ser "la principal actividad ilícita de los investigados", pero tampoco se avanzó mucho. Además, tras varias semanas, la cosa apenas avanzó, entre otros motivos, porque, "al parecer, el confidente de la UCO había dejado de informar". Eso sí, en junio de 2003 fue detenido Toro por narcotráfico, pero no se halló nada en el registro de sus propiedades.

El informe subraya que la Intervención de Armas (la unidad del instituto armado que tiene encomendado el control de armas y explosivos) efectuó "las preceptivas inspecciones documentales en la mina de Caolines de Merillés", de la que forma parte la mina Conchita, que se efectúan de manera mensual, y revisó los libros de entradas y salidas diarias de material pero "no se encontró anomalía alguna".

Además, el 2 de julio de 2003 -casi ocho meses antes del robo de la dinamita del 11-M- se llevó a cabo "una inspección inesperada sobre el terreno" para comprobar si se seguían todas las medidas de seguridad, especialmente en los minipoles, los pequeños polvorines de la mina. "Finalizada dicha inspección se levantó el acta correspondiente, siendo firmada por el interventor y el director facultativo sin novedad".

Emilio Llano Álvarez, capataz de la mina Conchita, de donde supuestamente proceden los explosivos, fue detenido y encarcelado en junio pasado bajo la acusación de haber alterado el libro de registro donde se contabilizan los pedidos de explosivos y la cantidad que se gasta.

La Policía Científica, por otro lado, ha descartado que los clavos y tornillos que componían la metralla utilizada en la matanza del 11-M fueran facilitados a los terroristas por el grupo asturiano que les vendió los explosivos.