El Gobierno aprueba las sanciones y los plazos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero

El Consejo de Ministros aprobó ayer, en su primera reunión tras las vacaciones, el real decreto-ley que traslada a la legislación española la Directiva europea sobre Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El real decreto aprobado ayer constituye el "armazón jurídico" del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, que será aprobado en próximas fechas. El plan contempla estabilizar las emisiones de gases en el periodo 2005-2007 (con un ligero crecimiento del 0,4%) y limitar el crecimiento de dichas emisiones a un 15% respecto a 1990 en el periodo 2008-2012.

El real decreto-ley, que deberá ser convalidado por el Parlamento, establece los trámites para que las empresas soliciten los derechos de emisión y fija las sanciones en caso de que contaminen más de lo autorizado.

Las instalaciones que cometan infracciones muy graves podrán recibir multas de hasta dos millones de euros y ser cerradas por un periodo máximo de dos años. Las empresas deberán solicitar antes del 30 de septiembre a las comunidades autónomas la preceptiva autorización para emitir. En paralelo y antes de la misma fecha, cada instalación tendrá que solicitar derechos de emisión a la Administración central, que decidirá antes de final de año el volumen asignado.

El decreto supone también la creación del Registro Nacional de Derechos de Emisión. Según la norma, todas las operaciones de expedición, titularidad, transmisión, transferencia, entrega, retirada y cancelación de derechos de emisión deberán inscribirse en este Registro que, por tanto, será el instrumento a través del cual se asegura la permanente actualización de la contabilidad relativa a estos derechos.

El plan cuantifica los derechos de emisión de cada uno de los sectores incluidos en la Directiva: generación eléctrica, refino de petróleo, siderurgia, cemento y cal, industria cerámica, vidrio y papel. Además, incluye medidas para reducir las emisiones en los sectores no regulados, como el transporte, la edificación o la agricultura.

Entre las medidas propuestas destaca la disminución de la velocidad máxima en las vías urbanas e interurbanas, la imposición de peajes urbanos ligados a la congestión y al impacto ambiental, o actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de los edificios. El secretario general de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri dijo ayer en Santander que la reducción de los límites de velocidad es una propuesta "conjunta" del Gobierno, aunque explicó que su puesta en práctica es "competencia" del Ministerio del Interior.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 27 de agosto de 2004.

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