El aborto, a debate

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo han dejado claro: la reforma de la normativa sobre el aborto no es una prioridad. El ministro ha precisado que ni este año ni el próximo se va a modificar el Código Penal para permitir que las mujeres puedan abortar libremente durante las primeras 12 o 14 semanas de embarazo, lo que pospone la reforma a la segunda mitad de la legislatura. Entretanto, precisó Lopez Aguilar, se va a desarrollar sobre el tema "un debate social y político cuajado".

Bienvenido sea el debate, porque en este país se ha echado sobre el aborto un manto de silencio durante todo el periodo de gobierno del Partido Popular. Ello a pesar de que en los últimos años la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo ha experimentado un fuerte crecimiento: de los 54.000 que hubo en 1998 se ha pasado a más de 77.000 en 2002, último año del que hay cifras. Entre las chicas menores de 18 años, prácticamente la mitad (49%) de los embarazos acabaron en aborto el año 2001, mientras que en 1990 habían sido el 21%. Un debate que haga luz sobre por qué las cifras son tan altas entre las adolescentes o sobre cómo influye en ellas el fuerte aumento de la inmigración de los últimos años es necesario para que se puedan tomar las medidas oportunas.

La Secretaría General de Políticas de Igualdad sitúa el tema del aborto en un contexto más amplio. De ahí que se proponga que la reforma del Código Penal vaya acompañada de una ley integral sobre la salud sexual y reproductiva. Esta norma se prevé que incluya la mejora de la educación sexual en la escuela y una política más activa sobre anticoncepción, así como la promoción de campañas de información que eviten que el aborto sea en la práctica un método de planificación familiar y pase a ser realmente el último recurso para evitar una gestación no deseada.

Es razonable situar por delante del aborto otros temas más urgentes. Al fin y al cabo, la norma actual permite abortar sin apenas cortapisas si la mujer se acoge al supuesto que prevé la interrupción del embarazo en caso de "grave peligro para la vida o la salud psíquica de la madre". Pero tras las otras urgencias y el "debate social y político" tienen que llegar las decisiones. Porque las mujeres tienen derecho a tomar la decisión por ellas mismas y ahora están en manos de los médicos que determinan sobre su salud mental.