Dar explicaciones

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, tendrá que dar explicaciones a los grupos parlamentarios que se sintieron ofendidos por su insólito comportamiento durante su comparecencia ante la comisión de investigación del 11-M. Así lo ha decidido el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que sólo tras conocer esas explicaciones, y las que también deberá darle a él, decidirá sobre eventuales acciones legales contra Fungairiño.

Es bastante discutible el criterio de llamar a declarar ante una comisión parlamentaria a un fiscal que puede tener intervención en el proceso penal abierto sobre la misma cuestión investigada. Por ejemplo, ahora mismo, en relación al conflicto de competencias entre dos jueces instructores de sumarios relacionados con el 11-M. Pero eso no justifica la actitud adoptada por Fungairiño en su comparecencia. Decir que desconocía todo sobre el caso, incluida la existencia de la famosa furgoneta del 11-M, sólo se entiende como deseo expreso de mostrar su desdén hacia la comisión. Es lógico, por tanto, que varios grupos representados en ella pidieran explicaciones, y no parece descaminado que lo hicieran a través del fiscal general.

Sin embargo, suena algo forzado considerar delictivo el comportamiento de Fungairiño. Para que lo fuera habría que identificar su displicente actitud con el delito de injurias graves a las Cortes Generales del artículo 496 del Código Penal. De momento, la petición de explicaciones planteada por Conde-Pumpido implica dar por insuficiente el escrito en el que Fungairiño se limitaba a decir que no había sido su voluntad ofender a nadie. La decisión del fiscal general parece prudente. Consiste en que, con independencia de que haya o no delito, el ofensor se vea obligado, por muy fiscal jefe que sea, a responder a las acusaciones concretas incluidas en la denuncia de los grupos parlamentarios. Porque su actitud no sólo ofendió a los diputados, sino a los millones de españoles que representan.