Reino Unido endurece las leyes contra los activistas opuestos a la vivisección
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
El Gobierno británico anunció ayer nuevas medidas legislativas y policiales dirigidas expresamente contra los activistas que hacen campaña contra la utilización de animales en la investigación médica. Responde así a un creciente problema que ha elevado los costes de la industria y puesto en peligro a científicos y empleados de laboratorios, pero que difícilmente resolverá la situación. El portavoz de un grupo contrario a la vivisección aseguró ayer que la reforma legislativa "no cambiará las cosas".
El Gobierno de Tony Blair desistió, en principio, de aglutinar bajo un mismo cuerpo legislativo las diferentes medidas punitivas vigentes en materia de protesta, agresión o acoso de terceras personas. Era la vía que demandaba la industria farmacéutica y las asociaciones de científicos para hacer frente a una constante campaña que está poniendo en riesgo la viabilidad económica de los laboratorios que experimentan con animales vivos.
El Ministerio del Interior ha optado por endurecer las diferentes leyes, dotar de mayores poderes a la policía y crear 43 fiscales especializados en las diferentes regiones de Inglaterra y Gales.
Las medidas anunciadas ayer están enfocadas a proteger las residencias particulares de científicos y empleados de laboratorio y a acelerar el procesamiento de los activistas. Así, será delito cualquier manifestación intimidatoria frente a los domicilios de quienes trabajan con animales vivos en la investigación médica.
Los manifestantes podrán ser detenidos y recibir una orden de alejamiento por tres meses. También se endurecerá la ley para paliar los efectos de la constante vigilancia, cartas amenazadoras y abusos verbales que sufre el personal especializado en vivisección."Reforzaremos los poderes de la policía para combatir a los activistas que se manifiestan frente a los hogares porque no se trata del impactoen una sola persona, sino en toda una familia.
La secretaria de Estado, Caroline Flint, dijo que "los extremistas atacan a personas por llevar a cabo actividades amparadas por la ley" al subrayar que que el Reino Unido tiene la "legislación más dura del mundo" en la utilización de animales para la investigación. En declaraciones a la BBC, desmintió que el Gobierno laborista vaya a recurrir al Ejército para proteger las instalaciones y personal de los laboratorios.
Los activistas restaron importancia a las medidas al señalar que "la gente que rompe la ley sabe el riesgo que ello conlleva".
El portavoz de un grupo contrario a la vivisección dijo que "un cambio legislativo no va a alterar nada".
