Una investigación con dos versiones

Dieciséis diputados (cinco del PSOE, cinco del PP, uno de CiU, uno de ERC, uno del PNV, uno de IV-IU, uno de Coalición Canaria y uno del Grupo Mixto) han trabajado durante algo más de un mes para intentar "esclarecer la verdad acerca de los hechos sucedidos los días 11 al 14 de marzo, así como los antecedentes y consecuencias que resulten coherentes con aquella finalidad".

El pasado jueves, los parlamentarios decidieron darse un mes de vacaciones y volver con sus conclusiones redactadas el 7 de septiembre. Ese día empezarán a discutir si necesitan interrogar a más personas relacionadas con los hechos que investigan para aclarar los aspectos más oscuros.

Los comisionados han analizado hasta ahora decenas de documentos, muchos de ellos clasificados como secretos por el Gobierno, e interrogado durante más de 100 horas a 38 personas (los grupos habían propuesto un centenar de comparecencias), entre ellas 18 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un juez, un fiscal, tres ex ministros, los ex directores generales y directores generales de la Policía y de la Guardia Civil y el actual ministro del Interior.

La comisión ha dedicado la mayoría de sus horas y esfuerzos a analizar tres aspectos del 11-M:

- La información sobre la investigación del atentado que facilitó el Gobierno de José María Aznar, empeñado durante 56 horas en asegurar que la línea prioritaria de la policía apuntaba a la banda terrorista ETA.

- La política antiterrorista llevada a cabo durante los últimos tres años en función de las alertas de distintos servicios de información sobre la amenaza islamista en España tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

- El tráfico ilegal de explosivos en Asturias que permitió a los autores de la masacre disponer de más de 200 kilos de dinamita con relativa facilidad.

Las conclusiones que han sacado los comisionados respecto a estos tres puntos no permiten aventurar un acuerdo fácil en la interpretación final sobre lo ocurrido.

¿Manipuló el Gobierno la información sobre la investigación del atentado?

Ángel Acebes, ministro del Interior hasta el 18 de abril de 2004, mantuvo durante cuatro conferencias de prensa convocadas en las 56 horas que transcurrieron desde el atentado del 11 de marzo hasta las primeras detenciones en la tarde del 13 de marzo que la línea "prioritaria de investigación era ETA". Y fundamentó este hecho en los antecedentes de la banda, que supuestamente preparaba un gran atentado en Madrid, según el análisis que hizo el ex ministro. "Uno, sabíamos que ETA quería atentar; dos, sabíamos que quería hacer una masacre antes de las elecciones; tres, lo había intentado diez días antes con la furgoneta que se detiene en Cuenca; cuatro: era un atentado exactamente igual que el que querían haber producido en Nochebuena en Chamartín; cinco: sabíamos que la organización terrorista ETA tenía 12 mochilas preparadas con explosivos para cometer un atentado que no había podido realizar unas semanas antes. Todo. Todo apuntaba a la organización terrorista ETA".

Salvo que los mandos policiales le engañarán o no le mantuvieran puntualmente informado de sus pesquisas, o que nadie entre sus cargos de confianza -los directores generales de la Policía y la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad- le contara lo que pensaban los investigadores del caso, Acebes tuvo que manipular la información sobre las pesquisas para mantener que la línea prioritaria apuntaba a ETA.

Desde la tarde del mismo 11 de marzo, cuando la policía ya había analizado los objetos del interior de una furgoneta utilizada por los terroristas y abandonada en Alcalá de Henares, no hay una hipótesis clara respecto al autor de la masacre. A esa hora ya se había descartado que la dinamita utilizada fuera de la marca Titadyne, habitual en los atentados de ETA. Las declaraciones efectuadas por los principales mandos policiales, todos nombrados durante el mandato del Partido Popular, así lo acreditaron ante los diputados de la comisión de investigación del 11-M.

Pedro Gómez-Pintado, subdirector general operativo de la Policía, declaró: "Los investigadores no dieron ni el 11 de marzo ni el 12 de marzo prioridad a ninguna línea de investigación. Ni a ETA ni al terrorismo islámico. El 11-M por la tarde, Acebes pregunta: ¿Ha sido ETA o no? Y le dijimos que no se podía decir ni sí ni no".

Jesús de la Morena, comisario general de Información durante el mandato del PP, aseguró que desde el primer momento expresó a las autoridades del Ministerio del Interior que veía "con cierto escepticismo la posibilidad de que fuera ETA".

El jefe de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, también aportó datos de que la pista islamista cobró fuerza desde las primeras horas después del atentado: "De los 12 testigos a los que se tomó declaración hasta las 10.30 del 11-M, los dos que ofrecieron más fiabilidad caracterizaron a los presuntos autores como de raza árabe".

El magistrado Baltasar Garzón acabó de dar verosimilitud a estas versiones de los mandos policiales cuando contó lo que le pasó en la noche del 11 de marzo: "Llamé a Gómez Pintado y le pregunté: ¿Quién creéis que ha sido? Y me contestó: 'Estamos al 50-50. Y yo le dije '¿Pero hacia el norte [ETA] o hacia el sur [Al Qaeda]. Y respondió 'hacia el sur'".

Cuando la policía estaba a punto de detener a cinco ciudadanos relacionados con el atentado, dos indios y tres marroquíes, Acebes insistió en que la línea prioritaria era ETA. Luego aclaró que sabía con antelación de las detenciones pero que las mismas no tenían por qué conducir a los autores del atentado pues sólo se trataba de ciudadanos que habían vendido tarjetas de teléfonos móviles. Sus mandos policiales también le desmintieron.

Pedro Gómez Pintado declaró ante la comisión de investigación: "Se investigó en ambas direcciones [ETA y terrorismo islamista] hasta la noche del 12-M. Ahí empieza a aparecer una línea muy concreta cuando se supo que la tarjeta de los teléfonos móviles la habían vendido dos indios".

José Manuel Varela, jefe de Información de la Guardia Civil, reveló en el Congreso que el 13 de marzo, un poco después del mediodía, se celebró una reunión en el Ministerio del Interior a la que asistieron Acebes y su secretario de Estado de Seguridad. "En esa reunión, cuando se pone de manifiesto que va a haber detenciones, que hay ciudadanos marroquíes, eso lleva ya a la teoría prioritaria del extremismo islamista". Mariano Rajón, ex comisario de Información Exterior de la Policía, apostilló ante los diputados de la comisión de investigación: "En la mañana del 13 de marzo, hacia las 12.00, la pista islamista era ya la prioritaria".

Pero Acebes negó cualquier novedad en la investigación cuando habló a los periodistas aquel día a las dos y media de la tarde: "Ninguna de las reuniones que he tenido, permanentes además, con las Fuerzas de Seguridad, me ha dado ninguna información adicional que sea relevante. La línea prioritaria tiene que ser ETA. Desde el primer momento creemos que no puede ser de otra manera".

El portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció en la comisión de investigación para acusar al anterior Gobierno por la información que trasladó a la opinión pública: "La conclusión es la que es. Ustedes mintieron y por eso están en la oposición. Cuanto antes se den cuenta, mejor para todos". Rubalcaba defendió que el Gobierno de Aznar hizo un análisis político del atentado según el cual "si era ETA podían ganar y si era otro podían perder porque los españoles imputarían el atentado, como así fue, a nuestra participación en la guerra de Irak". El actual ministro del Interior, José Antonio Alonso, remachó esta tesis con una información sobre las investigaciones: "Después del 11-M, todos los indicios apuntaron al terrorismo islamista y ninguno a la banda terrorista ETA".

¿Quién informó por error de que la dinamita era la utilizada por ETA?

Ángel Acebes, ex ministro del Interior, basó su primera declaración atribuyendo a ETA la masacre en una información de urgencia recibida por teléfono de su secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, al que a su vez, Pedro Gómez Pintado, subdirector general operativo de la Policía, le había informado de que el explosivo utilizado era Titadyne con cordón detonante, la marca habitual de ETA.

Esa información fue producto de un malentendido, según expresaron ante la comisión de investigación los responsables de los Tedax, que aseguraron que nunca dijeron Titadyne, y el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, que prometió que él sólo dijo dinamita. Fruto de ese error, Acebes se lanzó a las 13.30 del 11-M a declarar que ETA había logrado su objetivo y a calificar de "miserable" a todo aquel que dudase de esa versión. Luego aclaró que se refería sólo a Arnaldo Otegi, el portavoz de Batasuna, que negó unas horas después del atentado que ETA hubiera intervenido y lo atribuyó al islamismo.

El mismo ministro que apuntó a ETA al conocer que el atentado se había cometido con Titadyne justificó después ante los diputados que mantuviera su tesis cuando supo que el explosivo era de la marca Goma 2 Eco, pese a que la banda terrorista no lo había utilizado en los últimos cinco años. "El explosivo tiene un componente habitual de los que utiliza ETA; es decir, se trata de nitroglicerina, que es lo que utilizan las dinamitas. ¿Cuándo una organización terrorista islamista ha utilizado Goma 2 en España? Nunca".

¿Hubo imprevisión política en la prevención de atentados islamistas?

Los mandos policiales y el ex ministro del Interior Ángel Acebes negaron en la comisión que hubiera imprevisión a la hora de combatir el fenómeno del terrorismo de origen islamista y de prevenir el atentado del 11-M. Las dos partes recordaron los éxitos de policía y Guardia Civil en la detención de varias células durmientes de Al Qaeda en España.

Entre la documentación analizada por los comisionados del 11-M destacaban los seis informes del Centro Nacional de Inteligencia redactados entre el 21 de febrero y el 27 de noviembre de 2003, en todos se alertaba sobre la amenaza terrorista de origen islamista de manera creciente. El fechado el 21 de febrero establecía: "La posición de España en el conflicto de Irak ha elevado el riesgo de atentado, pudiendo ser objetivo de grupos terroristas islámicos. Es muy posible un cambio de actitud hacia España, de positiva a negativa". El informe constataba "un deseo de venganza" de los islamistas tras las últimas detenciones ordenadas en España por el juez Baltasar Garzón y finalizaba con otra alerta: "No se puede descartar la existencia de células durmientes en España".

Algunos comisionados, que habían visto los documentos en sesión secreta y con la obligación legal de no difundirlos, filtraron el contenido de estos informes a los medios de comunicación y recibieron el reproche del presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, que les trasladó el malestar del Gobierno por lo ocurrido.

Los medios de la policía y la Guardia Civil en España para prevenir ataques terroristas islamistas han sido escasos hasta ahora. Entre septiembre de 2001 y marzo de 2004, la plantilla del servicio de asuntos árabes e islámicos de la policía pasó de 61 efectivos a 74. En el Grupo de Información Exterior de la Guardia Civil, los agentes destinados a combatir el terrorismo internacional pasaron en ese mismo tiempo de 44 a 62.

¿Cómo afrontó el Gobierno el plan de emergencia ante el atentado?

Los grupos han intentado aclarar por qué razón el ex presidente del Gobierno José María Aznar no reunió al Gabinete de Crisis regulado por ley para situaciones de emergencia, como la desencadenada a raíz del atentado del 11-M. Pero Aznar no ha podido contestar porque su comparecencia no ha sido aprobada por la comisión de investigación.

Tampoco ha podido contestar a otra de las incógnitas abiertas tras la comparecencia del ex director del Centro Nacional de Inteligencia Jorge Dezcallar, quién aseguró que el Ejecutivo excluyó al servicio secreto de los trabajos de investigación del atentado hasta el 16 de marzo, tres días después de las primeras detenciones y cinco días después de la masacre desencadenada por los terroristas en los trenes.

¿Quién organizó las movilizaciones del 13-M ante las sedes del PP?

Los populares acusaron al PSOE de tramar una estrategia para rentabilizar electoralmente el atentado del 11-M. El PSOE respondió que el Gobierno del PP había insistido en atribuir la masacre a ETA para obtener réditos electorales.

Los populares pidieron que las compañías telefónicas facilitaran los mensajes enviados desde teléfonos móviles de dirigentes de IU y PSOE en la jornada del 13-M para intentar probar que habían convocado las movilizaciones que se desarrollaron frente a las sedes del PP.

Las compañías telefónicas negaron esa información con el argumento de que sólo la pueden facilitar previa autorización judicial. La Fiscalía General del Estado envió al Congreso un informe de 700 folios sobre las denuncias presentadas por el PP contra los que se manifestaron frente a sus sedes. La mayoría de las mismas había sido archivada. La Fiscalía entendía que en aquellos actos no se solicitó el voto para ningún partido, lo que hubiera supuesto una infracción de la Ley Electoral, sino que se criticó la política informativa del Gobierno respecto a la investigación del atentado del 11-M.