El descuido de 200 kilos de explosivos

Los terroristas que perpetraron el mayor atentado en la historia de España lograron con extraordinaria facilidad el explosivo para matar, más de 200 kilos de dinamita de la marca Goma 2 Eco.

Para conseguir la materia prima de sus planes asesinos sólo tuvieron que conocer a un marroquí con antecedentes penales, Rafá Zouhier, que les puso en contacto con un ex minero asturiano, Emilio Suárez Trashorras.

La falta de control en las minas permitió que Suárez Trashorras, en colaboración con trabajadores de la explotación Conchita, situada en el municipio asturiano de Belmonte de Miranda, juntara más de 200 kilos de Goma 2 para sus clientes, ignorando que se iban a utilizar en un atentado en los trenes de Madrid, según han declarado ante el juez encargado del caso.

La investigación parlamentaria y la iniciada hace meses por el juez Juan del Olmo han acreditado la insuficiente normativa respecto a la distribución de explosivos, lo que ha llevado a que el Ministerio del Interior anuncie una legislación mucho más restrictiva que incluye penas de cárcel para los infractores.

Pero lo más preocupante del caso es que Rafá Zohuier era confidente de la Guardia Civil -les informaba sobre delitos que se habían cometido o se iban a cometer- y Trashorras mantenía contactos con el jefe de Estupefacientes de la comisaría de Avilés.

Los agentes, un año antes del 11-M, supieron del tráfico ilegal de explosivos pero su "vasta y extensa" investigación, que duró exactamente dos días, según han declarado sus responsables ante la comisión de investigación, resultó inútil. Ni la Guardia Civil sabía de las andanzas del ex minero al que vigilaba la policía, ni la policía supo de las confidencias de Rafá Zouhier, al que controlaba la Guardia Civil. Ésta atribuyó a la Fiscalía un cierto desinterés por investigar el soplo de Zouhier.

El fiscal en cuestión fue llamado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y sostuvo que la Guardia Civil le trasladó una "denuncia genérica sin concretar hechos ni personas". "Ante el deficiente nivel indiciario presentado, no se acordó ninguna actuación por parte del Ministerio Público, que tampoco fue pedida por la autoridad policial", señaló.