El Gobierno de CiU dejó una deuda de 5.981 millones en las empresas públicas

Las empresas públicas catalanas cerraron el año 2003 con números rojos. Todas. Un informe elaborado por el Ejecutivo que preside Pasqual Maragall señala que la deuda a largo plazo era de 3.645 millones de euros. Pero la deuda a corto, que habitualmente se utiliza para cubrir pagos urgentes, superaba los 2.335 millones. En total, 5.981 millones de euros. En estas cantidades no se incluye la deuda relacionada con las empresas sanitarias. El informe revela, además, una variada gama de recursos que, al menos en apariencia, buscaban encubrir la existencia de la deuda.

El Gobierno catalán ha decidido relativizar las informaciones sobre la deuda heredada y poner el acento en sus propias actuaciones. De ahí que el informe no haya sido hecho público en su totalidad, aunque sí han sido difundidas cifras globales. El análisis, dirigido por un grupo de economistas independientes a petición del Departamento de Economía, señala la deuda a corto y largo plazo de todas y cada una de las empresas a 31 de diciembre pasado. Al mismo tiempo, recoge las fórmulas utilizadas para aplazar pagos, algunos de los cuales se prolongan hasta 2020. El importe global de la deuda es de 17.363 millones de euros, repartidos entre departamentos, empresas públicas, sociedades anónimas participadas por el Ejecutivo catalán, consorcios, universidades y organismos autónomos.

Al margen de la deuda del sector sanitario, las mayores partidas corresponden a las empresas creadas en su día para favorecer el endeudamiento sin que fuera contabilizado a efectos de déficit. Es el caso de GISA (Gestión de Infraestructuras, SA), empresa pública creada para realizar las obras proyectadas por el Gobierno catalán. En principio sólo se dedicaba a grandes obras, pero en los últimos años ha asumido desde la construcción de hospitales hasta la de escuelas y cuarteles para la policía autonómica. Su endeudamiento al cierre del último ejercicio superaba los 1.500 millones de euros y la mayor parte era deuda a corto plazo (864 millones).

Una situación parecida era la de la Agencia Catalana del Agua, con 1.200 millones de deuda, un tercio de la cual a corto plazo ya que sus ingresos son inferiores a los gastos corrientes. La Corporación Catalana de Radio y Televisión tenía una gran deuda a largo plazo (812,8 millones). El endeudamiento a corto era, en cambio, menor: 78,7 millones. No obstante, sus empresas participadas estaban también endeudadas: Televisió de Catalunya, 82 millones a corto y 87 a largo, y Catalunya Ràdio, 30 millones de euros en total. Incluso la Fundación Marató de TV-3, que organiza jornadas benéficas y no realiza otras actividades, presenta deuda a corto (4,6 millones) y largo plazo (1,2 millones).

Fórmulas para endeudarse

La deuda de las universidades públicas es de 625 millones de euros, a los que se añaden 44 millones de la Universitat Oberta [a distancia], que computan en otro apartado ya que ha sido registrada como fundación.

Entre las fórmulas utilizadas por el Gobierno de CiU para aumentar su endeudamiento, el informe recoge las siguientes:

- Censos enfitéuticos: una entidad financiera aporta tesorería para adquirir un inmueble y se establece un pago periódico con un determinado interés. Es similar al leasing financiero.

- Confirming. Fórmula usada por la tesorería de la Generalitat y el Servicio Catalán de la Salud (SCS). Se confirma a la entidad financiera la fecha en que se harán una serie de pagos. Si en esa fecha a la tesorería le interesa, puede pedir al banco que haga efectivo el pago. El proveedor cobra y el banco tiene un crédito contra la Generalitat que devenga un interés denominado indemnización. Equivale a una póliza de crédito.

- Pagos a terceros: lo usa el SCS para pagar en el último trimestre facturas de conciertos hospitalarios y farmacia. Una entidad financiera efectúa el pago por cuenta de SCS y se lo reembolsa con el interés correspondiente en el mes de enero siguiente, cuando ya se dispone de consignación.

- Titulación de ingresos futuros: la realizó la Junta de Aguas; consiste en la cesión de los derechos de crédito derivados de la aplicación del antiguo canon de infraestructura hidráulica. Una segunda operación fue realizada por el Instituto Catalán del Suelo, que vendió los créditos con garantía hipotecaria generados por la venta de vivienda de protección oficial de promoción pública. Supuso unos ingresos de 78,69 millones. Hay que añadir unos 8.000 millones más pagaderos por los diversos departamentos del Gobierno. Algunos de estos plazos llegan a 2028.