Caldera afirma que la ayuda del Estado a la Iglesia católica se "tendrá que acabar"

Que el Estado aporte ayudas "a esta confesión religiosa se tendrá que acabar algún día", dijo ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en referencia a la Iglesia católica española. El ministro hizo esa afirmación en respuesta a una pregunta sobre la polémica desatada por la Conferencia Episcopal después de que este organismo llamara el martes a sus fieles a movilizarse contra la legalización de los matrimonios homosexuales. Los obispos reclaman a los parlamentarios católicos que se opongan a esa medida.

El ministro Caldera, en declaraciones a la cadena SER, aseguró ayer que la financiación de la Iglesia católica es una cuestión que "debería revisarse", y recordó que esa religión tiene desde 1979 "un trato preferente" con respecto a otras religiones. Esta circunstancia tiene que ser revisada "ya que el Estado español no es confesional". Deben ser los católicos los que "sostengan a la Iglesia católica" y, en la actualidad, este hecho no se produce "porque lo que aportan los fieles católicos [a través del el IRPF] es inferior a lo que requiere esta institución", añadió.

En 1988, los obispos pactaron con el Gobierno de Felipe González un acuerdo transitorio de financiación mediante la asignación directa de sus fieles del 0,5239% del impuesto personal (IRPF). Los obispos se comprometían a autofinanciarse mediante ese mecanismo provisional, mientras se estudiaban mecanismos definitivos para el sostenimiento de la Iglesia, presumiblemente mediante desgravaciones fiscales a las donaciones que percibieran. Sin embargo, el objetivo de independencia económica fue aparcándose año tras año tras el fracaso del primer peldaño pactado (el llamado impuesto religioso mediante el IRPF), y lo que iba a ser provisional para tres años, lleva ya 17 aplicándose sin reforma alguna.

En el presente ejercicio presupuestario, la Iglesia recibió de sus fieles en el IRPF 78 millones de euros, una cantidad insuficiente para pagar los salarios de los obispos y del clero regular. La diferencia, hasta casi 140 millones de euros, fue pagada por Hacienda, vía Presupuestos Generales del Estado. La Iglesia "debe esforzarse" para que su financiación derive de la aportación de sus fieles, porque esta situación "no es normal", dijo ayer Caldera.

Fraga pide obediencia

Sobre las críticas episcopales a la legalización de los matrimonios gays y su petición a los parlamentarios católicos para que frenen el proyecto, Caldera dijo: "Los obispos no pueden imponerse al resto de la sociedad. El Gobierno va a mantener sus compromisos". Sin embargo, el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, entiende y comparte la postura de la Iglesia. Se trata de una cuestión de conciencia para católicos, que está por encima "de cualquier cosa", incluso de la disciplina partidaria. "Yo entiendo que el que se sienta católico tiene que sentir ese llamamiento", dijo ayer después de apelar a la autoridad moral del Papa.