Aznar contrató un 'lobby' por dos millones de dólares para lograr una medalla en EE UU

El Gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares (1,6 millones de euros aproximadamente), en diciembre de 2003, tres meses antes de las elecciones generales de marzo de este año, los servicios del despacho de abogados Piper Rudnick, que trabaja como lobby en Washington, para difundir la imagen de Aznar en Estados Unidos y lograr las firmas necesarias de parlamentarios de aquel país para la concesión de la medalla de oro del Congreso norteamericano. La información fue difundida ayer por la Cadena SER.

Los abogados estadounidenses detallan en sus facturas las gestiones para conseguirle la medalla al ex presidente

Ana Palacio, ex ministra de Exteriores, asegura que es un "contrato-tipo" igual que el que tienen al menos 70 Estados

A través de la Embajada en Washington se pagaron 700.000 dólares; el resto se pactó en mensualidades de 100.000

Fuentes oficiales aseguran que la firma del contrato se acordó en el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, declaró en León que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no quiere pronunciarse sobre el asunto mientras no conozca las explicaciones de Aznar "y del resto del Gobierno anterior".

La ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, también confirmó a Europa Press la existencia del contrato, pero aseguró que son muchos los países que contratan en Estados Unidos servicios similares y que el Gobierno del PSOE ha mantenido la relación con aquel bufete después de llegar al poder.

Según la Cadena SER, el contrato, firmado en secreto, se financió con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un cauce extraordinario que garantizaba la confidencialidad y los fondos se desviaron a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica.

Javier Rupérez, entonces embajador de España en Washington, intervino como representante del Gobierno español, y en el contrato firmado con el despacho de abogados estadounidense se convino un pago inicial de 700.00 dólares y pagos mensuales de 100.000 dólares, hasta completar la cantidad total de dos millones de dólares. El contrato no contemplaba la posibilidad de que el Partido Popular, que sustentaba al Gobierno, perdiese las elecciones.

La Cadena SER tiene la documentación que acredita el contenido de la información y que ha colocado en su página de Internet, y concretamente el justificante del pago de los 700.000 dólares iniciales sufragados a través de la Embajada de España en Washington.

Aunque en el contrato inicial se establece que el objetivo era asistir al Gobierno de España en cuestiones de diplomacia pública y comunicación estratégica, las facturas giradas por el bufete de abogados -y que son tan minuciosas como para desglosar un gasto de 6,63 dólares en sellos de correo- demuestran gestiones específicas de los abogados del bufete para gestionar la concesión de la medalla de oro del Congreso a Aznar.

El 4 de febrero

Aznar fue recibido en el Congreso de Estados Unidos el pasado 4 de febrero. Durante las semanas anteriores, el bufete de abogados redactó una carta, en nombre del embajador Rupérez, "para describir los logros del presidente Aznar durante sus ocho años de presidencia", y contactó con despachos de congresistas para "rogar la asistencia" al discurso que pronunció Aznar. La asistencia de congresistas y senadores a aquella sesión fue tan escasa que fue necesario llenar los asientos vacíos con empleados del Congreso y turistas que visitaban en aquella jornada el Capitolio.

El detalle de las facturas a las que ha tenido acceso la Cadena SER, con la relación de servicios prestados por la firma estadounidense en enero de 2004, especifica las gestiones en los despachos de congresistas y senadores para pedirles la firma de apoyo a la concesión de la medalla de oro del Congreso para el entonces presidente Aznar.

La propuesta para la concesión de la medalla fue aprobada el 15 de mayo de 2003 y a finales de año había logrado unas pocas decenas de firmas, de modo que el promotor de la concesión, el congresista Jim Gibbons, urgió a sus colegas en una sesión de la Cámara para que aprobasen la iniciativa.

La información de la SER añade que tres meses después de iniciarse las gestiones del bufete Piper Rudnick, la resolución contaba con las 290 firmas necesarias para que se tramitase en el pleno de la Cámara estadounidense. Hasta ayer, según la misma información, se habían conseguido 306 firmas, pero en el Senado, cuya intervención es preceptiva para la concesión de la medalla, ni siquiera se ha iniciado la tramitación de la propuesta.

En la documentación puede comprobarse que el 30 de enero, tres días antes de que Aznar fuera recibido en el Congreso de Estados Unidos, los abogados de Piper Rudnick enviaron 40 cartas e hicieron llamadas a congresistas, una tarea por la que cobraron 3.420 dólares.

La Cadena SER se puso ayer en contacto con el entonces secretario de estado de Exteriores, Ramón Gil Casares, quien afirmó que el Gobierno que presidía Aznar firmó el contrato con los abogados estadounidenses para mejorar la defensa de los intereses españoles en aquel país, y puso como ejemplo el conflicto de las naranjas clementinas. Gil Casares se negó a contestar a la Cadena SER si entre los trabajos contratados estaba la promoción personal de Aznar y la concesión de la medalla del Congreso.

Palacio: apoyo normal

La ex ministra de Exteriores declaró en Washington que "no hay peor mentira que una media verdad" y denunció que se está intentando trasladar a la opinión pública que éste es "un contrato turbio", algo que, según manifestó a Europa Press, "está lejos de la realidad". "Este contrato", aseguró Palacio, "ha seguido todos los pasos de contratación pública y ha sido controlado en todo momento por la supervisión del Estado".

"Se está intentando trasladar a la opinión pública que se trata de una cosa rara, extraordinaria, poco habitual, y nada más lejos de la realidad", aseguró la ex ministra, según la cual "entre los Estados que tienen representación diplomática en Washington, por lo menos 70 tienen contratadas empresas con contratos de idénticas características, y en esos 70 Estados están los de nuestro entorno: Reino Unido, Francia, etcétera".

Según Palacio, cuando ella llegó al ministerio fue el embajador Rupérez quien le comentó que tenía "dificultades" para realizar gestiones en Estados Unidos y le trasladó la necesidad de contar con una empresa de estas características.

La ex ministra añadió: "Yo, que conozco bien cómo funciona Estados Unidos, creo, vi que tenía toda la razón y tuvo evidentemente apoyo para continuar en esa idea y para conseguirla". Palacio añadió que el Gobierno socialista "continúa con este contrato porque le parece que hay razón para continuar con él porque es un 'contrato-tipo' que existe en los países de nuestro entorno".