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El Tribunal de Cuentas investigará el gasto de 2,3 millones por la frustrada medalla a Aznar

El ex presidente buscó ser condecorado por el Congreso de EE UU

El Tribunal de Cuentas ha aceptado investigar los 2,3 millones de euros que el Gobierno presidido por José María Aznar aprobó para contratar a un lobby que presionara al Congreso de Estados Unidos para que le concedieran la medalla de oro, informa Manuel Altozano.

El Gobierno de Aznar contrató en diciembre de 2003, tres meses antes de las elecciones generales de marzo de 2004, los servicios del despacho de abogados Piper Rudnick, que trabaja como lobby en Washington, para difundir la imagen del presidente español en Estados Unidos y lograr las firmas necesarias de parlamentarios de aquel país para la concesión de la medalla de oro del Congreso de EE UU.

Según la denuncia admitida a trámite por la Asociación "Preeminencia del Derecho", el acuerdo del Consejo de Ministros omitió el trámite de recabar otras ofertas ya que se aprobó con caracter de urgencia. Además, siempre según la denuncia, la presión que ejerció el despacho de abogados en favor de la concesión de la medalla quedaba fuera del contrato suscrito con España.

Más información
Consulta íntegra la denuncia presentada contra el Gobierno de José María Aznar por la frustrada medalla
Consulta íntegra la resolución del Tribunal de Cuentas por la que acepta investigar el gasto por la frustrada medalla a Aznar
Aznar contrató un 'lobby' por dos millones de dólares para lograr una medalla en EE UU

Además, los denunciantes quieren saber en qué se gastó la diferencia entre los 2,3 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros y los dos millones de dólares contratados.

El Tribunal de Cuentas, en la resolución por la que admite investigar la denuncia, trasladará la documentación a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado para que, en el plazo de cinco días, aleguen "lo que a su derecho convenga". Además, pide a los denunciantes que concreten contra quién dirigen la acción así como los perjuicios sufridos, a su entender, "en los Fondos del Estado".

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