ATB vincula la aplicación del plan industrial de Babcock a que se resuelva la rescisión de los 253 contratos

El proceso de reflotamiento de Babcock Borsig España (BBE) tras su privatización no termina de arrancar. El grupo austriaco ATB, propietario de la empresa vizcaína de bienes de equipo, subrayó ayer que es "imprescindible" resolver el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afecta a 253 trabajadores, para avanzar en la aplicación del plan industrial comprometido. "Hasta que se resuelva el ERE no habrá seguridad laboral y no se podrán conseguir grandes contratos", manifestaron ayer fuentes de ATB recogidas por la agencia Efe. Esta declaración se interpreta como una respuesta a la carta enviada la semana pasada al máximo responsable de BBE, Christian Schmidt, por Enrique Martínez Robles, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), anterior propietaria de Babcock.

En ella le expresa su "preocupación" por el incumplimiento por parte de ATB de numerosos compromisos contraídos al hacerse cargo de la compañía. En este sentido, recuerda que todavía no ha ejecutado ninguna de las inversiones previstas en el plan industrial y que ha sido reacia a entregar avales para permitir el funcionamiento normal de Babcock.

Las fuentes de ATB han confirmado la existencia de la carta, pero subrayaron que no es la única que ha existido y que las dos partes han mantenido conversaciones con posterioridad. El grupo austriaco considera que es "difícil" avanzar en la aplicación del plan industrial si no existe "seguridad laboral". Ello supondría vincular el relanzamiento de la empresa a la aceptación de las 253 rescisiones de contrato (la plantilla global es de 750 personas) del ERE y de las condiciones económicas incluidas en él para financiarlas.

La resolución por el Ministerio de Trabajo del expediente, al que se opone el Gobierno vasco y todos los sindicatos del comité de empresa, salvo CC OO, está pendiente de una próxima reunión de la SEPI con la dirección de la empresa y la representación sindical. Los trabajadores no se fían de las intenciones de ATB, y para dar su visto bueno a la reducción de plantilla exigen garantías industriales y de mantenimiento del empleo.