La Generalitat insta al Gobierno a subir el alcohol y el tabaco para costear la sanidad

El Gobierno catalán está decidido a que los consumidores paguen más, directa o indirectamente, por la factura sanitaria. El consejero de Economía del Ejecutivo catalán, Antoni Castells, instó ayer al Ministerio de Economía a subir los impuestos especiales sobre el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. Castells aseguró que la subida de estas figuras tributarias "es preferible a medidas como el copago". Sin embargo, se mostró partidario de pagar un euro por visita médica cuando los consumidores "se salten la visita al médico de cabecera y acudan directamente al especialista y a urgencias".

En la presentación del comité de sabios que evaluará las vías para mejorar la financiación de la sanidad catalana, el consejero catalán reconoció que el pago de un euro por visita médica "puede perjudicar la equidad del sistema". Sin embargo, abogó por utilizar este sistema en determinados supuestos. Por ejemplo, cuando los consumidores no utilicen los canales prefijados por el sistema sanitario y utilicen vías alternativas, como saltarse la visita al médico de cabecera y acudir directamente al especialista o a los servicios de urgencias.

Castells pidió al grupo de expertos -presidido por el catedrático Miquel Vilardell- que elabore propuestas concretas para incrementar los ingresos y rebajar los gastos de la sanidad catalana, pero apuntó directamente algunas soluciones. "El copago no es prioritario", dijo. Para Castells, es preferible subir los impuestos especiales, que gravan el consumo de tabaco y alcohol. Las comunidades autónomas reciben el 40% de la recaudación de estos impuestos, aunque no tienen capacidad normativa para subir los tipos impositivos que gravan el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.

Conductas de riesgo

Tanto los departamentos de Economía y Salud como el presidente del comité de expertos parten de la premisa de que es preferible penalizar conductas de riesgo como el consumo de sustancias tóxicas, que disparan los costes de la sanidad pública. Castells se mostró dispuesto incluso a dar un paso más allá y acabar con la gratuidad del sistema público de salud en determinados supuestos, como los accidentes de tráfico causados por el alcohol.

La consejera de Salud, Marina Geli, coincidió con Castells en la necesidad de revisar la financiación de la sanidad para lograr un sistema "sostenible". Una auditoría reciente del Gobierno catalán cifra en 2.193 millones de euros la desviación presupuestaria acumulada en Cataluña por el incremento continuo del gasto tributario.

Geli se desmarcó de la autoría de la propuesta del copago. "No es una propuesta del Gobierno catalán", dijo, "sino un debate abierto en toda Europa, y hasta el momento no hay ninguna decisión tomada al respecto".

Geli aseguró que el objetivo del Gobierno catalán es incrementar la calidad del sistema sanitario y agregó que sería "demagógico" proponerse este objetivo "sin revisar su sistema de financiación". Geli y Castells reiteraron que las propuestas de la comisión no serán vinculantes, aunque serán de "gran valor" para el Gobierno catalán.