Contra el muro

En su propio territorio, Israel puede construir el muro que le venga en gana. Pero en la zona que ocupa desde 1967, no. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (TIJ), en un fallo preciso y contundente y con el único voto en contra de un magistrado norteamericano, considera que el muro no tiene justificación, ni siquiera por razones de seguridad, y que es ilegal el trazado y el régimen asociado a esta separación que planteó por primera vez el laborista Isaac Rabin en 1995 y que está construyendo el derechista Sharon. El tribunal pide su derribo y que Israel indemnice a los palestinos. Aunque su sentencia no es de obligado cumplimiento, pone a la comunidad internacional ante sus responsabilidades al considerar que no se trata de un asunto entre israelíes y palestinos, sino que concierne a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Si Israel hubiera construido este muro dentro de sus fronteras reconocidas, poco habría tenido que opinar el TIJ, pero una parte importante de los 730 kilómetros de trazado se separa de la línea verde y muerde, según la ONU, un 16% de los territorios ocupados en Cisjordania, con el consiguiente daño a las familias, a la vida y a la economía palestinas. La sentencia viene a recordar que, como potencia ocupante, Israel tiene unas obligaciones que cumplir, derivadas de las convenciones internacionales que este muro viola.

En una sentencia mucho más limitada, el Tribunal Supremo de Israel ha obligado a modificar el trazado de 40 kilómetros que discurren por Jerusalén Este, porque considera que no mantiene un equilibrio entre las consideraciones de seguridad y los derechos de los palestinos.

Los muros se construyen rápidamente, pero luego se tarda muchos años en derribarlos. El que está levantando Sharon es una agresión que Israel defiende por razones de autodefensa frente al terrorismo. Como casi siempre, el Gobierno israelí hará caso omiso de esta sentencia, que también Estados Unidos ha rechazado. Pero situarse fuera de la ley tiene también su coste en seguridad para Israel y para la región. Es muy significativo, en relación a la legalidad internacional, el fracaso de la misión a Israel de Mohamed el Baradei, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica. La negativa israelí a someterse a las reglas generales y a entrar en el camino de renuncia a sus armas nucleares distorsiona todo intento de hacer de Oriente Próximo una zona libre de armas de destrucción masiva. El derecho internacional puede y debe también proteger al Estado de Israel, a veces de sí mismo, como en el caso del muro.