Amnistía Internacional ve "graves lagunas" en el Proyecto de Ley del Gobierno

La sección española de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) señaló ayer que en la ley contra la violencia de género que prepara el Gobierno "existen graves lagunas", entre otras la "falta de correcta asistencia sanitaria a las víctimas" y la "impunidad de los delitos de violencia física, psíquica y sexual contra las mujeres en el ámbito del hogar". Sin embargo, se considera "positiva" la aprobación de un "proyecto [que] pretende aunar en un solo instrumento legislativo las políticas de prevención, apoyo a las víctimas, investigación y sanción de la violencia".

AI realiza estas observaciones en la presentación de un balance sobre el cumplimiento por parte de España de la Convención de la ONU para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas inglesas). Está previsto que un comité de la ONU revise mañana el quinto informe español sobre el seguimiento de la CEDAW, convención a la que España se adhirió en 1984. Buena parte de los contenidos del análisis efectuado por AI se refiere al periodo de gobierno del PP.

La organización denuncia que en España hay sectores de mujeres especialmente desprotegidas, entre otras las que viven en el ámbito rural, las inmigrantes sin papeles, las discapacitadas y las que solicitan asilo político.

Prestaciones clave

Respecto a las inmigrantes, el balance de AI afirma que "en el Estado español existen determinadas prestaciones clave, dirigidas a garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género que se están denegando de forma sistemática a las mujeres migrantes indocumentadas, por el hecho de no tener residencia regular". Entre estas prestaciones, la organización humanitaria nombra el derecho a una asistencia jurídica gratuita y el acceso a la red de recursos de protección y apoyo.

Para solucionar este estado de cosas, AI pide que se incorpore a la legislación los contenidos de la CEDAW, y que se revisen los códigos y procedimientos existentes para garantizar la seguridad de las mujeres, con especial atención a las mujeres rurales, las inmigrantes y las solicitantes de asilo: "Debe garantizarse el asilo o el acceso a los procedimientos de asilo de las mujeres víctimas del tráfico. El Estado español debe ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, y de sus familiares", dice el informe en sus conclusiones.

Por último, la organización humanitaria exige que -para combatir la impunidad-, se elabore un estudio sobre los índices de condena de los delitos de violencia machista "a fin de evaluar posibles resultados discriminatorios contra las víctimas de abusos cuando éstas son mujeres".