El Congreso inicia hoy la legalización del matrimonio gay y de las parejas de hecho
La Cámara retoma el debate al que se opuso el PP en solitario la legislatura pasada
El Pleno del Congreso debatirá -y, salvo sorpresas, aprobará- esta tarde tres proposiciones de ley de ERC, BNG e Izquierda Verde-IU-ICV para regular las parejas de hecho. El PSOE, por su parte, defenderá una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a modificar el Código Civil para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. El apoyo de la mayoría de izquierdas está garantizado, porque los mismo grupos que defenderán una ley de parejas de hecho tienen pendiente la tramitación de propuestas similares para pedir que gays y lesbianas puedan casarse.
El Congreso de los Diputados dará previsiblemente esta tarde un nuevo motivo para la celebración del Día del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual y Bisexual que oficialmente fue ayer, 28 de junio, pero que tendrá su apogeo en la manifestación del próximo 3 de julio en Madrid.
El punto más relevante será cuando se vote la proposición no de ley del Grupo Socialista "relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo", una propuesta que diversos grupos (PSOE, IU, BNG, CHA, ICV) intentaron llevar a las Cortes durante las dos legislaturas pasadas con el apoyo de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgt).
El texto del PSOE argumenta que, pese a las leyes de parejas de muchas comunidades, "las personas homosexuales todavía continúan discriminadas respecto a las heterosexuales ya que están privadas de su derecho a contraer matrimonio e institucionalizar una familia". La proposición recuerda que los poderes públicos tienen la obligación de "remover los obstáculos que existen para el reconocimiento de la dignidad de las personas con orientación homosexual". El ministro de Justicia, Luis Fernando López Aguilar, ha confirmado que la intención del Ejecutivo es que esta legislación entre en vigor el año que viene.
Esta propuesta es la que "verdaderamente importa" a la presidenta de la Felgt, Beatriz Gimeno, aunque no rechazó la regulación de las parejas de hecho siempre que no se entienda como "un intento" de crear una estructura de segunda clase para las familias homosexuales. "Que nadie piense que nos vamos a conformar con menos", dijo Gimeno.
El diputado del PSOE Jordi Pedret ha anunciado su apoyo a las propuestas de regular las uniones estables, aunque con enmiendas futuras para que tengan en cuenta las modificaciones del Código Civil que permitirán "la libertad de contraer matrimonio para todas las personas, sin limitación por razón de sexo de los cónyuges, que será el nuevo escenario legal".
Fuentes de CiU han manifestado que, como en anteriores ocasiones, su grupo dará libertad de voto a los diputados. Una portavoz del PP dijo a última hora de ayer que no habían decidido todavía su postura.
La regulación de las parejas de hecho es más compleja legalmente que el matrimonio. Para éste basta con cambiar cinco artículos del Código Civil. La equiparación de las uniones estables afecta además a la Seguridad Social (pensiones e indemnizaciones), a la Ley Orgánica del Poder Judicial, las leyes fiscales (declaración de la renta, sucesiones) y a otros aspectos del Código Civil (derecho a heredar sin testamento, percepción de alimentos o adopción conjunta, entre otros).
Una ley pionera
Si España aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo se convertirá en un país pionero en la defensa de los derechos de gays y lesbianas.
Sólo Holanda y Bélgica reconocen en todo el mundo la igualdad de homosexuales y heterosexuales a la hora de casarse. Pero esta equiparación tiene un límite: la adopción está restringida a niños holandeses, para evitar problemas con las leyes que regulan la adopción internacional.
Algunos estados canadienses y Massachusetts (EE UU) también han autorizado las bodas gays, pero las celebraciones no se reconocen fuera del Estado.
En el otro extremo están unos 70 países donde la homosexualidad está castigada por ley, según denunció Amnistía Internacional ayer, a lo que hay que sumar numerosos lugares en los que la legislación permisiva no impide la violencia y la discriminación social contra gays, lesbianas y transexuales.
Esta es la razón por la cual Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que flexibilice las concesiones de asilo político a los homosexuales que llegan huyendo de estos países.
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