UN AÑO AL FRENTE DE LA GENERALITAT

La crisis industrial y la escasez de las arcas públicas frustran el sueño del pleno empleo

El crecimiento se sustenta sobre la construcción, el consumo privado y las ayudas europeas

La suspensión de pagos de Terra Mítica revela dos características del primer año de gestión económica del Consell que preside Francisco Camps: una apuesta por el rigor que tropieza con una mala coyuntura.

El presidente de la Generalitat invocó el objetivo del pleno empleo en su discurso de investidura como resultado natural de una tendencia. Pero el alza del euro respecto al dólar -40% en un año- la creciente competencia asiática en muchos sectores y el escaso pulso económico de Alemania o Francia alteró la situación. Las importaciones españolas de calzado y mueble superaron las exportaciones por primera vez en la historia en 2002 y 2003, respectivamente.

El cierre de la factoría que la multinacional del juguete MB tenía en Riba-roja, que supuso el despido de 516 trabajadores, ha sido el mayor expediente de regulación de empleo sometido al Consell que preside Camps. Y el más sonoro de toda una retahila que afecta con más crudeza al calzado y el textil, pero se extiende a los plásticos, el aluminio o la alimentación.

La coyuntura internacional, complicada con el alza de petróleo y la inestabilidad en Oriente Próximo, ha puesto de relieve la fragilidad del tejido industrial valenciano y el tiempo perdido en los años de bonanza económica.

La apuesta por la innovación y la transferencia tecnológica se ha llevado titulares, pero pocos fondos. La Generalitat ha consentido la disolución de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología, creada hace 18 meses, para coordinar el esfuerzo público y privado en innovación.

Los problemas coyunturales han revelado, además, la escasa capacidad de maniobra financiera de la Generalitat. El recorte de las inversiones reales del Consell ha sido habitual en los últimos años, pero nunca se había anticipado al mes de abril ni se había extendido a los gastos de funcionamiento corriente y a las subvenciones públicas, dos novedades que revelan el peso de la deuda que arrastra la Generalitat y que ya representa el 11% del PIB.

Dadas las circunstancias, tanto la exención del impuesto de sucesiones o la distribución de un salario social entre jóvenes desempleados, que el presidente prometió en su discurso de investidura, han sido muy cicateras. Las subvenciones para complementar las ayudas estatales a las empresas textiles han exigido un esfuerzo no previsto hace apenas un año y la cooperación activa con sindicatos y patronal se ha reducido a afrontar emergencias.

El Instituto Valenciano de Finanzas, un instrumento creado para fomentar inversiones de riesgo en empresas valencinas, también se ha apretado el cinturón. Representantes empresariales denuncian que una mayoría de sus ayudas se han reordenado hacia el sector público. La crisis industrial y la escasez de las arcas públicas arrojan un crecimiento tímido pero sostenido del desempleo durante el último año.

La reforma de la formación profesional para adaptar los ciclos educativos a las necesidades empresariales o el aumento de las ayudas que reciben los institutos tecnológicos para facilitar el acceso de las pymes a procedimientos productivos eficaces son decisiones loables encaminadas a la mejora de la productividad. Pero se han adoptado en las últimas semanas y no es posible estimar su impacto.

La economía crece, a pesar de todo, gracias a la construcción, con su capacidad de arrastre, y el consumo privado, dos segmentos ajenos a la productividad. Y a unas ayudas europeas que ya tienen fecha de caducidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 26 de junio de 2004.

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