Cheney no tendrá que desvelar los secretos de su política energética

El Tribunal Supremo de EE UU, actualmente de mayoría conservadora, ha amparado el principio de confidencialidad defendido por la Casa Blanca, por lo que el vicepresidente, Dick Cheney, no tendrá que revelar, de momento, los nombres de los miembros de un grupo de trabajo creado en 2001 para diseñar la política energética del Gobierno. Sin embargo, el Supremo no cierra definitivamente la polémica al establecer que una instancia judicial inferior estudie más detenidamente los alegatos esgrimidos por la Casa Blanca.

El Supremo, con mayoría de magistrados nombrados durante las presidencias republicanas de Ronald Reagan y Bush padre, fue contundente al defender, por siete votos frente a dos, la tesis sostenida por Cheney en abril ante el tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia. La decisión del Alto Tribunal, anunciada ayer, ha sido acogida con satisfacción y alivio en la Casa Blanca, que temía la prolongación de las acusaciones de favoritismo formuladas por los demócratas contra George Bush y Dick Cheney a lo largo de la campaña presidencial.

De acuerdo con expertos legales consultados por EL PAÍS, una nueva decisión judicial sobre el tema resulta imposible de conseguir antes de la cita electoral de noviembre. Incluso en el caso de que el Gobierno perdiera ante la corte de apelaciones podría acudir una vez más ante el Supremo para dilucidar definitivamente el caso.

La polémica estalló al revelar el Washington Post la participación, en un grupo de trabajo presidido por Cheney y encargado de diseñar la política energética de la actual Administración, de altos ejecutivos de las industrias energéticas, incluido el entonces presidente de la quebrada Enron, Ken Lay, así como directivos de su antigua empresa, Hallibuton.

Dos grupos de distinto signo político, el ecologista Sierra Club y el conservador Judicial Watch se aliaron para exigir a la Casa Blanca los documentos de trabajo del citado grupo, al amparo de una ley de 1972, la FACA o ley sobre las comisiones asesoras federales, -en este país, paraíso de abogados, existen disposiciones legales para todo-, que exige la revelación de los trabajos de los grupos asesores en los que participan personas ajenas al Gobierno federal.

Curiosamente, casi todas las recomendaciones del grupo de Cheney coincidían casi literalmente con las promesas realizadas por Bush durante la campaña electoral de 2000, como, por ejemplo, más prospecciones petroleras en los Estados del Oeste y en la reserva nacional de Alaska, un incremento de las subvenciones a la industria eléctrica por utilizar carbón más limpio y otras similares. Pero, también curiosamente, ninguna de las propuestas ha sido todavía aprobada por el Congreso dado el escándalo provocado por el caso.

Escándalo

Un escándalo que subió de tono cuando el Sierra Club pidió la recusación de uno de los magistrados del Supremo, Antonin Scalia, por haber sido invitado por Cheney a una cacería de patos en Luisiana. Scalia, amigo del vicepresidente desde que ambos trabajaran para la Administración de Gerald Ford hace 30 años, rechazó la recusación con la argumentación, no carente de lógica, de que, "si se puede comprar tan barato (con una cacería de patos) a un juez del Supremo, es que este país tiene mayores dificultades de las que yo pensaba".

En su sentencia, el Supremo trata de despolitizar el asunto al afirmar que "el poder judicial debe conceder la mayor protección posible a la confidencialidad presidencial, reconociendo la necesidad suprema de proteger al poder Ejecutivo de una litigación vejatoria que le pueda distraer de la tarea de llevar a cabo sus deberes constitucionales". La explicación a esta frase entrecomillada es fácil de entender si se considera que el jefe del Sierra Club, Carl Pope, es cofundador de un grupo, que trabaja activamente para exponer públicamente lo que considera "las posiciones extremistas del programa republicano". El profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, John Duffy, ha recordado la importancia del principio de reserva judicial, en virtud del cual "los jueces deben evitar verse envueltos en lo que son por principio luchas políticas, como en este caso".