Una comisión devaluada

Aznar debe comparecer ante la comisión de investigación sobre el 11-M. Sin su presencia la comisión quedaría definitivamente devaluada. PP y PSOE deben reconsiderar su decisión inicial de no llamarle. Piqué ya ha dado una primera señal de rectificación. El PSOE argumenta que el ex presidente "en estos momentos no aporta nada". ¿Será que no se han enterado de lo que se va investigar? El 11-M, Aznar era presidente del Gobierno, es decir, el principal responsable político del Estado. Sabemos que nada se movía en el Gobierno o en el PP sin su autorización. Su principal preocupación, el lema de su reinado, fue la lucha antiterrorista. Fue él quien acuñó los criterios doctrinales que presidieron la política antiterrorista del Gobierno. Entre ellos, su principal dogma: "Todos los terrorismos son iguales". Principio que hace que, a estas alturas, sus herederos sigan buscando la unidad de cooperación entre ETA y Al Qaeda. De la lectura del libro de Pepe Rodríguez (11-M, mentira de Estado), queda clarísimo que Aznar dirigió la catastrófica operación comunicativa que tenía por objetivo mantener hasta el día de las elecciones que ETA era la autora de la matanza. Es decir, Aznar es el principal responsable de la estrategia antiterrorista (y, por tanto, de sus errores de análisis y de sus negligencias) antes del 11-M, y de todos los pasos en falso que dio el Gobierno entre aquel trágico jueves y el domingo electoral. Si él no aporta nada, ¿qué aportarán los demás?

Citen o no a Aznar, la realidad es que ni el PSOE ni el PP tienen demasiado interés en la comisión. El PSOE ya ganó y el PP ya perdió. Las comisiones de investigación, tal como están diseñadas, sirven, fundamentalmente, para desgastar al Gobierno con una serie de comparecencias de impacto mediático, aun sabiendo que éste al final impondrá con su mayoría las conclusiones que más le convengan. Pero el Gobierno que estaba al frente del país el 11-M ya no está, de modo que nada se puede reclamar al actual. Incapaz de asumir sus errores, el PP intentará organizar una bulla con su paranoico discurso de la conspiración mediática. Aislado como está en el Parlamento, poco puede ganar en una comisión cuya tarea principal es detectar las imprevisiones de su gobierno, para que no pueda repetirse un atentado parecido.

Una vez más se ponen en evidencia las enormes limitaciones de las comisiones de investigación. La verdad de los hechos no puede establecerse por mayorías parlamentarias. Las comisiones serán un paripé mientras los diputados que la constituyen no actúen con independencia de criterio y responsabilidad. Aquí la estrategia a seguir la determinan las direcciones de los grupos parlamentarios. En un sistema en que el diputado debe su escaño al criterio del Pepiño Blanco de turno, y no a la voluntad de los ciudadanos, difícilmente se puede hablar de autonomía. En otros Parlamentos -EE UU o el Reino Unido- el diputado tiene el peso que le da el haber ganado en su circunscripción. El partido se ve obligado a respetar a quien aporta votos y gana elecciones. Aquí, en cambio, las elecciones las gana el cabeza de lista y los demás son escogidos para votar y obedecer. Este sistema convierte a nuestra democracia en una democracia burocrática, que es una contradicción en los términos. Sin autonomía, no hay responsabilidad. Sin responsabilidad, no hay democracia. Esta es la gran coartada con la que se justifican los diputados cuando aprueban o votan cosas con las que están flagrantemente en desacuerdo: "Yo sólo cumplo órdenes". No es muy ejemplar que los representantes de los ciudadanos utilicen la misma coartada que los torturadores.

Con estos ingredientes, la comisión del 11-M parece de corto vuelo. El Gobierno que debería ser controlado ya no gobierna. Y el nuevo dio por amortizada políticamente esta historia con sus dos victorias electorales. Los Gobiernos son, por definición, alérgicos a las comisiones de investigación. Incluso cuando no les conciernen.