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Editorial:

Kioto obliga

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó ayer el borrador del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono, que el Gobierno estaba obligado a elaborar por una directiva comunitaria acordada en 2002, en la que se materializa el compromiso europeo con los objetivos de reducción de emisiones del Protocolo de Kioto, aunque éste aún no haya entrado en vigor. El plan muestra la voluntad del Gobierno de que España deje de incrementar sus emisiones de gases de efecto invernadero que están propiciando el recalentamiento de la Tierra. Establece para el sector eléctrico y los cinco sectores industriales sometidos a la directiva comunitaria unos cupos para el periodo 2005-2007, que para el conjunto de la economía conducen a una estabilización de las emisiones en un nivel que equivale a un 40% por encima de lo emitido en 1990.

Tras esta primera fase, el objetivo que se propone el Gobierno, sin duda optimista, es iniciar en 2008 un drástico descenso, para llegar al año 2012, último del periodo de cumplimiento previsto en Kioto, a una reducción equivalente a un 24% respecto a la misma referencia de 1990. Ese porcentaje se sitúa nueve puntos por encima del máximo crecimiento al que se comprometió España con sus socios de la UE, que se prevé compensar con un incremento de la masa forestal (que detrae dióxido de carbono de la atmósfera) y con la utilización de los mecanismos de flexibilidad, fundamentalmente las inversiones en instalaciones limpias en países no sometidos a control por el protocolo. El objetivo de reducir las emisiones hasta el 24% no es sencillo, como consecuencia de la dejadez mostrada por los sucesivos gobiernos del PP, que desde la aprobación en 1997 del citado protocolo no han sabido o no han querido elaborar una estrategia global frente al cambio climático que permitiera hacer honor a los compromisos españoles.

Iniciar el descenso de emisiones no sólo será difícil, sino que también será costoso. De momento, la ministra ha apuntado ya que es previsible un ligero aumento de las tarifas eléctricas. Además, la mejora de las instalaciones industriales para aumentar su eficiencia energética obligará a ciertas inversiones. El plan presentado ayer muestra que el nuevo Gobierno tiene realmente voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos. Ahora queda muchísimo trabajo por delante y mucha pedagogía, porque también los ciudadanos de a pie tendrán que colaborar para que España pueda cumplir con Kioto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de junio de 2004