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COLUMNA

Zapatero con el Papa

Últimas informaciones llegadas de los palacios vaticanos señalan que en la mañana de ayer el papa Juan Pablo II, durante la audiencia con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le habría reprochado la política del Ejecutivo socialista en materia de ampliación de los supuestos admitidos del aborto y de legalización de las uniones de homosexuales, que conforme al programa electoral del PSOE se equipararían al matrimonio. Algún vaticanista apuesta porque también saldría a relucir en ese encuentro la asignatura de religión, su obligatoriedad y su valor académico, que acaban de regresar a la casilla de partida tras el real decreto con el que se han detenido los calendarios y los itinerarios para la aplicación de la LOCE. Pero como Dios no abandona nunca a un buen laicista se habrán manifestado durante el encuentro acuerdos plenos sobre otros asuntos relevantes, empezando por la cuestión de Irak.

Recordemos cómo estos asuntos, que tanta solicitud y paternal preocupación despiertan en el anciano pontífice, están entregados, por lo que se refiere a sus efectos civiles y penales, a los legisladores elegidos en los comicios. Son ellos quienes, cuando los proyectos de ley correspondientes sean enviados por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su debida tramitación reglamentaria tanto en la Comisión como en el Pleno y después en el Senado, tendrán la oportunidad de presentar enmiendas y votar su adopción o su rechazo. En todo caso, cualquiera que sea el tenor de las leyes resultantes, los fieles cristianos están instruidos de antemano sobre los mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia y saben que, si bien en su condición de ciudadanos se miden respecto a las normas legales vigentes, como miembros de la Iglesia deben estar en comunión con el criterio de sus pastores para poner a salvo sus almas y evitar la condenación eterna al fuego del infierno. Las otras condenas, las meramente terrenales, corresponde imponerlas a los poderes civiles a través de los tribunales ordinarios de Justicia y quedan fuera de la potestad de los príncipes de la Iglesia. O sea, que ni el mero cumplimiento de las leyes civiles es garantía de salvación celestial ni el desacuerdo con los criterios de la jerarquía católica arrastra por sí mismo reserva de plaza en los establecimientos calificados de la Dirección General de Prisiones.

Mientras, es interesante observar cómo, según recogía el diario Abc de ayer, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, tachaba el domingo de "verdaderas infamias" las noticias que aludían a un pacto secreto entre la Iglesia y el Gobierno para que reinara un buen clima en la audiencia papal y desaparecieran reproches como los dirigidos a nuestro nuevo embajador, Jorge Dezcallar, cuando presentaba sus credenciales. Lástima que nos quedemos sin saber la fuente de las infamias ni conocer detalles de ese pacto secreto equivalente para monseñor a un chantaje, dado que "la Iglesia ni se vende, ni se compra, ni se supedita a interés económico alguno para dejar de anunciar el Evangelio, porque es pobre y vivirá pobre, pero es independiente y enteramente libre".

Enseguida Cañizares barruntaba continuidad para la bronca del Vaticano a los socialistas y señalaba que "por eso no dejará de criticar aquellos asuntos que ponga en marcha el Gobierno y estén en contra de su doctrina". O sea, que nada de Iglesia del silencio, situación imposible de imaginar con una Cope en línea, verdadera máquina de insidias y eficaz sembradora de odios cainitas de la que Cañizares y la Conferencia Episcopal, como propietaria del invento, nada tiene que reprocharse. Cuestión distinta es que según Hacienda sólo el 33% de los contribuyentes marque la casilla del IRPF que destina a la Iglesia católica el 0,52% de la cuota, que esas aportaciones sumen 90 millones de euros, que se haya rebasado el periodo en el cual el Estado se comprometía a añadir una cantidad complementaria, si la suma de las voluntariedades fuera insuficiente, que de las arcas públicas sigan saliendo cada año otros 48 millones de euros y que los hermanos en el episcopado de monseñor Cañizares quieran seguir recibiéndolos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de junio de 2004